La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo media sanción con 130 votos a favor. El régimen ofrece importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de más de 1.000 millones de dólares vinculados a nuevas industrias y tecnologías.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para atraer inversiones millonarias en sectores tecnológicos y actividades innovadoras.

Tras varias horas de debate, la propuesta fue aprobada por 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Ahora deberá ser tratada por el Senado para completar su recorrido legislativo.

Qué es el Súper RIGI

El nuevo régimen fue diseñado por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar inversiones de gran escala en industrias que actualmente no existen en el país o que se encuentran en etapas experimentales de desarrollo.

A diferencia del RIGI original, que estuvo orientado principalmente a sectores estratégicos ya consolidados, el Súper RIGI apunta a actividades vinculadas con la innovación, la biotecnología, la inteligencia artificial y otras áreas de frontera tecnológica.

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán presentar proyectos con inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares. A cambio, recibirán estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de hasta 30 años.

Fuerte debate en el recinto

La iniciativa generó intensos cruces entre oficialismo y oposición.

Durante la discusión, el diputado Bertie Benegas Lynch defendió el proyecto y aseguró que permitirá atraer capitales internacionales.

«Venimos de ser cavernícolas y necesitamos hacer una ley para proteger el derecho de propiedad porque hemos ahuyentado las inversiones», sostuvo el legislador libertario, quien además afirmó que los países más desarrollados ya cuentan con incentivos similares para captar inversiones.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el alcance de los beneficios otorgados a las empresas.

El diputado Mario Manrique consideró que la iniciativa representa «un negociado entre particulares» y aseguró que forma parte de un proceso de cesión de recursos estratégicos.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz sostuvo que el proyecto no garantiza desarrollo económico y advirtió sobre las amplias concesiones fiscales contempladas en el texto.

También se expresaron en contra los legisladores Pablo Juliano y Jorge Taiana, quienes cuestionaron el impacto del régimen sobre la industria nacional y las economías regionales.

Los beneficios para las inversiones

Entre los principales incentivos contemplados por el proyecto se destacan:

• Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%.
• Amortización acelerada de inversiones.
• Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA.
• Alícuota única del 10% para contribuciones patronales.
• Exención de derechos de importación.
• Eliminación de derechos de exportación.
• Libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones.
• Estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante tres décadas.

Además, los dividendos tributarán una alícuota reducida y las empresas podrán deducir quebrantos sin límite temporal.

Apoyo de sectores empresariales

Durante el tratamiento también se incorporaron modificaciones impulsadas por cámaras empresarias y bloques aliados. Entre ellas se incluyó una cláusula de «Compre Nacional», que establece que al menos el 20% de las inversiones deberá canalizarse a través de proveedores argentinos.

Asimismo, se sumaron incentivos especiales para proyectos de investigación y desarrollo (I+D), con el objetivo de fomentar la innovación tecnológica dentro del país.

El próximo paso

Con la aprobación en Diputados, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el Senado, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en ley una de las iniciativas económicas más relevantes impulsadas por el Gobierno en materia de atracción de inversiones.

Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes consideran que el régimen permitirá posicionar a la Argentina como destino competitivo para grandes capitales internacionales y quienes advierten sobre el costo fiscal y los beneficios extraordinarios otorgados a empresas de gran escala.