8 de octubre de 2025

El Senado rechazó los vetos de Milei y sancionó leyes de emergencia en pediatría y financiamiento universitario

El Senado le dio este jueves un fuerte revés al Gobierno al rechazar los vetos presidenciales a dos proyectos clave: la emergencia en pediatría, centrada en el Hospital Garrahan, y el financiamiento universitario. Con esta decisión, ambas normas quedaron sancionadas y el presidente Javier Milei deberá promulgarlas, aunque podría decidir no asignarles fondos, como ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Financiamiento universitario

El proyecto universitario, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue aprobado con 58 votos a favor y 7 en contra. La ley garantiza una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre de 2024 y establece que desde enero de 2025 habrá actualizaciones bimestrales según la inflación.

Los recursos se destinarán al funcionamiento de universidades nacionales, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica y Extensión, y obligan al Gobierno a compensar la pérdida salarial de docentes y no docentes, incorporando todas las sumas no remunerativas al básico en 2025.

Emergencia pediátrica

La ley de emergencia pediátrica reunió 59 votos a favor y 6 en contra. Busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil, la recomposición salarial inmediata del personal de hospitales pediátricos –incluidos residentes– y la eximición del pago de Ganancias en actividades críticas, guardias y horas extras. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida demandará $65.573 millones hasta fin de año.

En ambas votaciones, los libertarios quedaron en minoría, acompañados por los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO. Tres legisladores de ese espacio –Alfredo de Angeli, María Victoria Huala y Martín Goerling– se abstuvieron en los dos proyectos, mientras que la radical Carolina Losada solo lo hizo en el de universidades.

Repercusiones

La sanción de estas leyes refuerza reclamos históricos de comunidades universitarias, que venían denunciando asfixia presupuestaria, y de hospitales pediátricos, que alertaban sobre la crisis en la atención de niños, niñas y adolescentes.

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