La reforma laboral ingresa en su tramo más caliente. Tras semanas de idas, vueltas y borradores que encendieron alarmas en el sindicalismo, el Gobierno nacional y la CGT están a un paso de iniciar una negociación que promete alta tensión. El Ejecutivo busca cerrar un proyecto consensuado antes del 15 de diciembre, fecha en la que pretende enviarlo al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

La mesa de diálogo estará encabezada por tres figuras centrales del oficialismo: el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Ellos serán los encargados de intentar un difícil equilibrio: acercar posiciones con una central obrera que ya expresó un rechazo contundente al borrador elaborado por el Consejo de Mayo.

La CGT concentra sus críticas en los cambios vinculados al derecho colectivo del trabajo: la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios, la prioridad de acuerdos por empresa, las restricciones a las cuotas solidarias y la intervención en asambleas.
“Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, advirtió Jorge Sola, uno de los cotitulares de la central obrera, marcando la temperatura del clima previo.

El Gobierno, en cambio, interpreta que hay mayor disposición gremial a discutir aspectos del derecho individual —como el banco de horas y la división de vacaciones— que suelen negociarse a nivel empresa. Aun así, en Balcarce 50 anticipan que no están dispuestos a avanzar con una reforma “pasteurizada”.
“Tenemos el mandato de la gente para llevar adelante las reformas que el país necesita”, remarcan puertas adentro, aunque admiten que algunos artículos podrían ajustarse para evitar un conflicto mayor. Incluso Federico Sturzenegger, referente del ala más dura en materia regulatoria, avalaría ciertas moderaciones si garantizan estabilidad social.

Como estrategia adicional, el Ejecutivo busca llegar a la mesa con el respaldo político de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y apoyan el Presupuesto 2026. Con ese frente unificado, aspira a presionar al sindicalismo y encaminar el acuerdo.

La negociación que se abre en los próximos días será decisiva para el futuro del mercado laboral argentino. Y, según todas las señales, no estará exenta de chispazos.