El Ejecutivo, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó una denuncia penal contra la empresa Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo —muy cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), “Chiqui” Tapia— por supuestas maniobras de lavado de activos y evasión impositiva.

La causa, que quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, se inicia luego de que la DGI detectara movimientos irregulares a través de la plataforma de billetera virtual de Sur Finanzas, denominada “Sur Finanzas PSP”. Según la denuncia, la firma habría movilizado $818.000 millones mediante transferencias realizadas desde cuentas de personas con escasa o nula capacidad económica.

Además, la evasión fiscal que se imputa a la empresa —por no realizar las retenciones correspondientes del impuesto sobre débitos y créditos— asciende a aproximadamente $3.327.267.047,93, según los cálculos del fisco.

Cómo habría funcionado la maniobra

La denuncia señala que Sur Finanzas operaba como una “proveedora de servicios de pago” (PSP), permitiendo transferencias y cobros con un funcionamiento similar a una cuenta corriente. Esto habilitó a la empresa a movilizar fondos desde otras billeteras virtuales o cuentas bancarias, incluyendo movimientos en efectivo, sin la debida regulación.

Entre los que realizaron las transferencias figuran monotributistas de baja categoría, personas sin antecedentes de actividad económica y sujetos no categorizados, lo que para la DGI refuerza la sospecha de que los fondos podrían provenir de un “circuito marginal” dedicado a lavado de dinero.

Repercusiones en el ámbito del fútbol

La denuncia tomó notoriedad pública también por la cercanía de Sur Finanzas con entidades del fútbol: la firma fue sponsor de clubes de Primera División y tuvo presencia en camisetas y convenios vinculados a la AFA. Este vínculo vuelve a poner en el centro del debate las relaciones entre negocios financieros, estructuras de poder deportivo y controles del Estado.

Próximos pasos: investigación, medidas cautelares y fiscalización

La presentación judicial reclama medidas inmediatas: allanamientos, embargos, inhibición general de bienes y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar plenas responsabilidades. En los próximos días se espera que el magistrado interviniente solicite informes bancarios y trace el recorrido del dinero para definir si corresponde abrir una causa penal por lavado de activos y defraudación fiscal.