En una sesión que se extendió por más de 11 horas y estuvo marcada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza. La iniciativa fue sancionada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

El debate se desarrolló en un clima de alta tensión y contó con la presencia en los palcos de Karina Milei, quien siguió de cerca la votación. El proyecto redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, al tiempo que flexibiliza las condiciones para el desarrollo de actividades productivas, especialmente mineras.

El oficialismo logró reunir el apoyo de bloques aliados como el PRO, la UCR, Innovación Federal y espacios provinciales, además de sumar votos de sectores opositores. En contrapartida, la mayoría de Unión por la Patria, junto a legisladores de izquierda y otros bloques, rechazaron la iniciativa al considerar que implica un retroceso en materia ambiental.

Intentos fallidos y polémicas previas

Antes del tratamiento del proyecto, la oposición intentó sin éxito incorporar otros temas al debate mediante mociones de apartamiento de reglamento. Entre ellos, propuestas para repudiar decisiones del Gobierno sobre medios de comunicación, planteos de neutralidad internacional en conflictos bélicos y pedidos de interpelación a funcionarios.

Ninguna de estas iniciativas alcanzó los votos necesarios, lo que evidenció la solidez del oficialismo y sus aliados para sostener el temario original.

Posturas enfrentadas sobre el impacto ambiental

Durante el debate, el diputado oficialista José Peluc defendió el proyecto y destacó el proceso de consulta pública realizado previamente, aunque este fue cuestionado por la oposición por supuestas limitaciones en la participación.

En la misma línea, Nicolás Mayoraz sostuvo que la reforma busca “aclarar conceptos” sin modificar el esquema de protección vigente, y rechazó las críticas sobre un posible retroceso ambiental.

Desde la oposición, en cambio, las críticas fueron contundentes. La diputada Adriana Serquis advirtió que la iniciativa se basa en “datos no científicos” y alertó sobre el impacto en los recursos hídricos. En tanto, Germán Martínez reafirmó la defensa de su espacio de una política que combine desarrollo productivo con protección ambiental.

Por su parte, Miguel Pichetto cuestionó la delegación de facultades a las provincias y sostuvo que no existen fundamentos técnicos suficientes para modificar la ley vigente desde 2010.

Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola denunció que la reforma favorece intereses de grandes empresas mineras y pone en riesgo recursos estratégicos.

Un debate de fondo: producción vs. ambiente

El oficialismo defendió la reforma como una herramienta para impulsar inversiones y desarrollo en las provincias, mientras que la oposición la calificó como regresiva e incluso inconstitucional.

En el cierre del debate, Máximo Kirchner cuestionó el modelo propuesto y advirtió sobre los riesgos de priorizar la explotación de recursos por sobre la preservación ambiental.

Con la sanción de esta ley, se abre un nuevo escenario que promete generar impacto tanto en el sector productivo como en el ambiental, y que podría derivar en futuras controversias judiciales y políticas.