En una sesión histórica en la Cámara de Diputados, se rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad, con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa pasará al Senado para su tratamiento final.

La oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios, mientras que los legisladores libertarios y sus aliados se opusieron al proyecto. Este resultado representa un revés para el Gobierno nacional, que había advertido sobre el alto impacto fiscal de la norma, junto con otras medidas como el aumento de jubilaciones y la moratoria previsional.

Pocas horas antes de la sesión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”, buscando suavizar la polémica en torno al veto.

Qué contempla la ley de Emergencia en Discapacidad

Sancionada a principios de julio, la ley establece:

• La actualización de los aranceles a prestadores de servicios de discapacidad para ajustarlos por inflación.
• La creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
• La transformación automática de las pensiones por invalidez laboral existentes en la nueva pensión por discapacidad, con acceso garantizado a programas de atención médica.
• La regularización de las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.

El Gobierno objetó que la medida implicaría un gasto superior a $3 billones en 2025 y casi $6 billones en 2026, debido a la ampliación de beneficiarios a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aproximadamente 1,5 millones de personas. También se sumaría el costo de incorporarlos al Programa Incluir Salud y la actualización de aranceles.

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó un impacto menor, entre $2,4 y $4,3 billones, señalando que si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin otros ajustes adicionales, el costo se reduciría aún más.

La ley busca garantizar el acceso a la atención y los recursos necesarios para las personas con discapacidad, mientras continúa el debate sobre su financiamiento y el rol del Estado en estas políticas sociales.