Desde este jueves rige en todo el país la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida impulsada por el Gobierno nacional que busca profundizar la baja de impuestos y fomentar una mayor competencia en el mercado tecnológico. En Casa Rosada sostienen que el nuevo esquema podría traducirse en una reducción de precios para el consumidor de hasta un 30%, aunque reconocen que el impacto no será inmediato ni uniforme.

La decisión se enmarca en la política de desgravación y apertura comercial que impulsa la administración de Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que la quita total de aranceles representa un nuevo paso en ese rumbo y recordó que, desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción gradual de la tasa aduanera, los precios de distintos modelos de celulares ya registraron bajas de entre el 25% y el 35%.

El camino hacia el arancel cero se inició con el decreto 333/2025, que redujo la carga impositiva del 16% al 8%. Con la entrada en vigencia de la nueva medida, los teléfonos importados quedan ahora completamente exentos de impuestos aduaneros, lo que —según el Ejecutivo— permitirá ampliar la oferta y mejorar la competitividad entre marcas y proveedores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la iniciativa al señalar que la eliminación de aranceles facilitará el acceso a la tecnología y promoverá la inclusión digital, además de contribuir al desarrollo del sector a través de un mercado más abierto y dinámico.

Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos desde el sector sindical vinculado a la industria electrónica. Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que la apertura total de importaciones profundiza la crisis de la producción nacional en Tierra del Fuego y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. El gremio recordó que durante 2025 ya se habían impulsado medidas de fuerza ante políticas similares y alertó sobre el impacto estructural que podría tener esta decisión sobre la industria local.

Mientras el Gobierno apuesta a que la competencia impulse una baja sostenida de precios, el debate vuelve a instalarse entre el objetivo de abaratar el acceso a la tecnología y la protección del empleo en uno de los polos industriales más sensibles del país.