El fiscal federal Carlos Stornelli adhirió este lunes al pedido formulado por asociaciones querellantes para que la Justicia argentina active el procedimiento de extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos y tiene vigente una orden de captura internacional dictada por los tribunales federales de Comodoro Py.

La presentación fue realizada en el marco del expediente que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y se suma a la solicitud presentada días atrás por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en la causa.

La investigación judicial se sustenta en el principio de jurisdicción universal y apunta a determinar la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, lo que habilita a los tribunales argentinos a intervenir con independencia del lugar de los hechos o de la nacionalidad de las víctimas e imputados. En el expediente también figuran como acusados otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, además de militares y agentes de inteligencia.

En su escrito, Stornelli señaló que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, y recordó que sobre el exmandatario “pesa un llamado a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, en virtud de la manda de la Excma Cámara de Apelaciones del Fuero”.

Ante este escenario, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 consideró que se trata de “una cuestión urgente” debido al estado de detención del imputado, por lo que adhirió formalmente al pedido de los querellantes para que se inicie el procedimiento de extradición activa, con el objetivo de que Maduro sea sometido al proceso judicial en la Argentina.

La orden de captura internacional contra el ex presidente venezolano fue dictada en septiembre de 2024, luego de que la Cámara Federal porteña ordenara profundizar la investigación y analizara la adopción de medidas cautelares para garantizar la sujeción de los imputados al proceso. En ese contexto, el juez Ramos dispuso su citación a declaración indagatoria y la emisión del pedido de detención.

El expediente incluye informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los que se documentan casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado venezolano desde 2014, además de testimonios de víctimas que declararon ante la Justicia argentina.

La eventual extradición deberá tramitarse por la vía diplomática, de acuerdo con las normas de asistencia jurídica internacional y los tratados vigentes entre la Argentina y los Estados Unidos. En ese proceso, será la Cancillería argentina la encargada de gestionar ante las autoridades estadounidenses el posible traslado del imputado, una vez cumplidas las etapas formales del procedimiento.