El gobierno chino implementó una regulación inédita que obliga a los creadores de contenido en redes sociales a certificar su formación académica o profesional si desean abordar temas de salud, derecho, educación o finanzas. La medida, vigente desde octubre, busca combatir la desinformación y garantizar que la información especializada provenga de fuentes con respaldo oficial.
Impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), la normativa establece que únicamente usuarios vinculados a instituciones médicas, educativas o de investigación podrán difundir contenido considerado “profesional o especializado”. Plataformas populares como Weibo, Douyin y Bilibili deberán verificar las credenciales de los influencers antes de autorizar publicaciones, bajo pena de suspensión o eliminación de cuentas que no cumplan con los requisitos dentro de los dos meses establecidos.
Según la CAC, el objetivo principal es proteger a la población de información falsa o engañosa en un entorno digital donde proliferan consejos financieros, médicos o jurídicos sin respaldo científico. Además, los contenidos educativos o científicos deberán incluir fuentes verificables y advertir si utilizan material generado por inteligencia artificial o dramatizaciones. Las plataformas también deberán informar a los usuarios sobre la responsabilidad legal y científica de los creadores, estableciendo un “contrato digital” entre ambas partes.
La regulación busca frenar la publicidad encubierta, los falsos expertos y las publicaciones sexualizadas presentadas como contenido educativo, mientras institucionaliza la figura del divulgador digital como un profesional certificado.
Si bien algunos especialistas celebran la medida por su potencial para mejorar la calidad informativa, otros advierten que podría limitar la libertad de expresión y silenciar voces autodidactas o independientes.
China se convierte así en el primer país del mundo en exigir títulos universitarios para informar en redes sociales, marcando un precedente que redefine la relación entre la divulgación digital y la comunicación profesional, y que podría sentar las bases de un nuevo modelo global de regulación de contenidos online.
Fuente: LB24 / BAE Negocios
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