Los abogados contratados por el Gobierno nacional confirmaron que la Justicia de Estados Unidos suspendió por tiempo “indeterminado” la ejecución de la orden que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, ganadores del millonario juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y representa un freno importante a la ofensiva judicial encabezada por la jueza Loretta Preska, quien había lanzado un ultimátum de 72 horas para ejecutar la transferencia bajo amenaza de declarar al país en desacato.

Con este fallo, queda sin efecto de manera temporal la orden del tribunal de distrito emitida el 30 de junio de 2025. El documento, firmado por la secretaria del tribunal Catherine O’Hagan Wolfe, concede una suspensión administrativa que estará vigente hasta que un panel de tres jueces analice el pedido formal de suspensión presentado por la defensa argentina.

Según se precisó, los fondos demandantes tienen plazo hasta el 17 de julio para responder al pedido argentino y el país podrá replicar antes del 22. A partir de entonces, se espera que la Cámara resuelva si mantiene o no vigente la suspensión y evalúe el fondo del reclamo.

Argumentos de la defensa argentina

Los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representan a la Argentina, sostienen que la sentencia de Preska viola principios clave del derecho federal estadounidense, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los fundamentos de cortesía internacional. También advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte de la magistrada.

Entre los elementos de peso que presentó la defensa se incluye una declaración de interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que durante los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump expresó reservas sobre los efectos que este tipo de fallos podrían generar a nivel internacional.

Además, se argumentó que la ejecución forzada de las acciones implicaría un daño irreparable, ya que obligaría al país a violar su propia legislación, la cual exige una ley aprobada por dos tercios del Congreso para transferir el control estatal de YPF. También se señaló que no existe un perjuicio inmediato para los demandantes y que la orden de Preska podría afectar a terceros ajenos al litigio, como provincias accionistas o bonistas.

Reacciones y contexto político

Desde los mercados se interpretó esta medida como una victoria temporal para el país, ya que alivia el riesgo financiero de corto plazo y da mayor certidumbre a los proyectos de YPF, especialmente en Vaca Muerta y el desarrollo del GNL.

Por otro lado, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que la provincia se presentará formalmente ante la Corte de Apelaciones para defender el patrimonio público, especialmente las acciones que le corresponden como parte de las provincias accionistas de YPF. Torres criticó tanto a la “demagogia kirchnerista” como al “atropello de una jueza estadounidense que ignora que las provincias petroleras somos dueñas de YPF”.

En este contexto, se aguarda si habrá una intervención pública del expresidente Donald Trump, quien según fuentes cercanas al caso podría emitir una declaración favorable a la posición argentina.

El rol de YPF y su presidente

Cabe destacar que YPF no forma parte del litigio. La jueza Preska eximió a la compañía como parte del proceso y centró la responsabilidad exclusivamente en el accionar del Estado argentino durante la expropiación, impulsada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El actual presidente de la petrolera, Horacio Marín, se mantuvo al margen del conflicto judicial: “Yo soy empleado de YPF. Preska falló a favor de la compañía, y en contra del Estado. No puedo opinar”, señaló.

La causa judicial por la expropiación de YPF continúa, pero con esta suspensión indefinida, el Gobierno argentino gana tiempo para sostener su estrategia legal, evitar un embargo inmediato y defender uno de sus activos estratégicos más importantes.

Fuente: ámbito