El Gobierno argentino rechazó de manera categórica el anuncio de inversión para avanzar en la explotación de petróleo en las Islas Malvinas, al reafirmar su reclamo de soberanía sobre el territorio y recordar que ninguna actividad hidrocarburífera puede realizarse sin autorización de la Argentina.

Las empresas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí) informaron el inicio de una inversión para desarrollar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería, conducida por Pablo Quirno, advirtió que el proyecto fue definido “sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.

“Acciones unilaterales e ilegítimas”

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la iniciativa como una nueva acción unilateral del Reino Unido, incompatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de modificar de manera unilateral la situación mientras las islas se encuentren sujetas a negociación.

La Cancillería señaló que el proyecto también vulnera la legislación nacional, que exige autorización argentina para cualquier operación hidrocarburífera en su plataforma continental.

Violación de resoluciones internacionales

El Gobierno recordó que la Resolución 2065 de la ONU y las recomendaciones del Comité de Descolonización reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, e instan a ambas partes a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Cualquier avance en la exploración o explotación de recursos naturales en áreas bajo disputa, señaló el comunicado, contradice estos instrumentos internacionales.

Empresas ya sancionadas por operar sin permiso

En su pronunciamiento, el Gobierno volvió a advertir que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas previamente por realizar actividades en territorio argentino sin autorización:

• Rockhopper Exploration fue declarada clandestina por la Secretaría de Energía en 2012 y 2013, siendo inhabilitada por 20 años.
• Navitas Petroleum recibió sanciones similares en 2022 por operar sin permiso en áreas sujetas a la disputa.

El rechazo alcanza también a todos los actos vinculados al avance hacia una fase productiva, como la aplicación de normativas dictadas por autoridades isleñas, concesiones otorgadas, contratación de proveedores o cualquier otra medida asociada al proyecto.

Advertencia a empresas y entidades financieras

El Gobierno nacional reiteró que ninguna autoridad distinta de la argentina tiene competencia para habilitar operaciones en los espacios en disputa. En ese sentido, advirtió a empresas, bancos y aseguradoras que “toda participación directa o indirecta en actividades hidrocarburíferas no autorizadas constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino”.

Por la gravedad del caso —al tratarse de recursos no renovables y acciones potencialmente irreversibles—, la administración adelantó que profundizará su plan de acción y adoptará medidas adicionales para resguardar sus derechos.

Reafirmación de soberanía

El comunicado concluye con la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como el compromiso de continuar defendiendo la integridad territorial del país en todos los foros internacionales.