El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que implica un recorte cercano a los $2,5 billones, equivalente a aproximadamente el 1,6% del gasto total previsto. La medida fue dispuesta a través de una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de sostener la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional.

Uno de los sectores más afectados por el ajuste es el educativo. De acuerdo con la Decisión Administrativa 20/2026, se recortaron $78.768 millones correspondientes a programas de la Secretaría de Educación y se suspendieron transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.

Entre las partidas eliminadas o reducidas figura el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288 millones, principalmente destinados a las provincias. También fue eliminado el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, con una baja de $8.929 millones. A esto se suman recortes en infraestructura escolar, equipamiento, políticas socioeducativas y programas de becas estudiantiles.

Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la medida. El Gobierno redujo en $5.303 millones las transferencias de capital para infraestructura universitaria y desarrollo del conocimiento. Entre las casas de estudio afectadas aparecen las universidades nacionales de La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La decisión se conoció en la previa de una nueva marcha federal universitaria convocada en Plaza de Mayo, donde distintos sectores académicos y estudiantiles prevén manifestarse en rechazo al ajuste presupuestario.

En paralelo, el Ejecutivo introdujo modificaciones en materia previsional. Se amplió a $712.288 millones el límite destinado al pago de sentencias judiciales previsionales y acuerdos transaccionales. Además, se asignaron $162.000 millones desde el Tesoro Nacional para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del personal de Anses.

Por otro lado, el Consejo de la Magistratura recibió refuerzos presupuestarios orientados a gastos de personal y bienes de uso.

El mayor recorte general se concentró en el rubro “Otras asistencias financieras – servicios económicos”, con una baja de $1,47 billones, en línea con la política oficial de reducción de subsidios y readecuación tarifaria. También hubo disminuciones en partidas vinculadas a energía, deporte, salud, obra pública, urbanización e integración social.