El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas inconsistencias en su declaración jurada patrimonial, en una causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

De acuerdo con la información publicada por distintos medios, el funcionario habría reconocido la existencia de ingresos no declarados por aproximadamente 500.000 dólares, atribuidos a inversiones realizadas antes de su ingreso al Gobierno.

La causa en curso investiga un posible caso de enriquecimiento ilícito, debido a la diferencia entre los ingresos declarados y los gastos detectados en su patrimonio, que incluirían operaciones e inversiones que no se corresponderían con los montos informados oficialmente.

En ese marco, también se analiza la figura de posible “omisión maliciosa” en las declaraciones juradas, contemplada en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que prevé sanciones para funcionarios que omitan o falseen datos patrimoniales obligatorios.

Según la investigación, los montos en análisis incluirían gastos e inversiones que habrían generado dudas en torno a la evolución patrimonial del funcionario, lo que derivó en pedidos de justificación por parte de la fiscalía interviniente.

Fuentes judiciales indican que la defensa del funcionario sostendría que los fondos mencionados provendrían de ahorros previos a su gestión pública y que no existiría intención de ocultamiento, sino un error en la registración de los bienes.

El caso continúa en etapa de investigación y se espera que en los próximos pasos procesales la Justicia evalúe la documentación y las explicaciones presentadas.

Paralelamente, el expediente podría analizar el encuadre normativo de las declaraciones juradas de funcionarios públicos y su relación con las políticas de transparencia financiera y control de activos.