La Justicia Federal también le prohibió salir del país al exdiputado de La Libertad Avanza. La investigación apunta a una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.

La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una causa que investiga sus vínculos económicos con el empresario Federico “Fred” Machado.

La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exlegislador y le prohibió salir del país.

El expediente tiene como eje una transferencia de USD 200.000 que Espert recibió en 2020, presuntamente relacionada con Machado, empresario investigado por posibles delitos de lavado de dinero y narcotráfico.

La explicación de Espert sobre los 200.000 dólares

En agosto, el exdiputado presentó un descargo de 141 páginas ante la Justicia, en el que rechazó las acusaciones y solicitó su sobreseimiento.

Según su defensa, el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento profesional con una empresa, firmado ante escribano y debidamente apostillado.

Sin embargo, la Fiscalía sospecha que ese contrato habría sido utilizado para justificar una operación de lavado de dinero, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, había expresado Espert en su cuenta de X.

También procesaron a su contador

La resolución judicial alcanzó además a Mariano Alejandro Cosentino, contador del exlegislador, quien fue procesado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de dinero.

En su caso, el magistrado dispuso un embargo de $700 millones.

La decisión se produjo después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos presentados por Espert para cuestionar el avance de la investigación.

El tribunal desestimó tanto el pedido de anulación de medidas probatorias impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez como el intento de apartarlo de la causa por una supuesta falta de objetividad.

El procesamiento no constituye una condena definitiva, por lo que la responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse durante el proceso judicial.