Las autoridades de Aguas Blancas y Salvador Mazza presentaron un amparo contra una resolución de ARCA que limita las operaciones comerciales. Advierten por pérdidas económicas, caída de la recaudación y posibles conflictos sociales.

Crece la tensión en el norte de Salta por las nuevas restricciones al comercio fronterizo dispuestas por el Gobierno nacional. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, presentaron una acción de amparo ante la Justicia Federal para frenar los efectos de una normativa que, según denuncian, amenaza la economía de ambas localidades.

La presentación judicial apunta contra la Resolución 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que comenzó a regir el pasado 10 de octubre y generó preocupación entre comerciantes y trabajadores vinculados al intercambio de mercaderías con Bolivia.

Qué establece la medida que desató la polémica

Según lo planteado por las autoridades municipales, la nueva reglamentación introduce restricciones que afectan directamente al comercio fronterizo.

Entre las principales disposiciones cuestionadas se encuentran:

• Un límite de 150 dólares diarios por persona para determinadas operaciones de venta de productos argentinos.
• Restricciones al acondicionamiento de alimentos, como la harina, en presentaciones de 10 kilogramos o más.
• Limitaciones al paso de granos por los cruces fronterizos.

Los comerciantes advierten que estas medidas podrían provocar una importante caída en las ventas hacia Bolivia, con consecuencias para proveedores, transportistas y trabajadores de ambos lados de la frontera.

Advierten por pérdidas millonarias y menos recaudación

Uno de los puntos centrales del reclamo es el impacto económico que podría generar la aplicación de la resolución.

Adrián Zigarán recordó que, durante su gestión como interventor de Salvador Mazza, el ingreso de camiones vinculados al comercio fronterizo generaba una recaudación significativa.

Según explicó, por cada camión ingresaban aproximadamente $1.700.000 en concepto de tributos, de los cuales $340.000 correspondían a Rentas de la Provincia y otros $340.000 a las arcas municipales.

«Había días que ingresaban 100 camiones», aseguró.

Desde los municipios sostienen que una reducción de estas operaciones no solo afectaría a los comerciantes, sino también a los ingresos públicos necesarios para sostener servicios locales.

La Justicia Federal deberá analizar el reclamo

La acción de amparo fue presentada por el abogado Adrián Albornoz, quien advirtió sobre las consecuencias que podría tener la normativa para las comunidades fronterizas.

En el escrito judicial se señala que las restricciones podrían ocasionar un «serio daño patrimonial sobre el comercio local» y afectar los recursos municipales y la paz social.

La presentación también defiende el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), una actividad que durante décadas permitió generar ingresos para numerosas familias del norte salteño.

Los demandantes argumentan que el comercio fronterizo se consolidó como una alternativa laboral frente a la falta de empleo formal, especialmente después de las transformaciones económicas vinculadas a la actividad azucarera y petrolera.

En ese sentido, sostienen que el Estado no puede modificar abruptamente una práctica económica que fue regulada y tolerada durante más de cuatro décadas.

Protestas y bloqueo del puente internacional

Las consecuencias de la resolución comenzaron a sentirse también del lado boliviano.

Según informó Página/12, cooperativas de bagayeros bloquearon el puente internacional de Salvador Mazza en rechazo a las nuevas restricciones.

Autoridades regionales de Bolivia se comprometieron a trasladar el reclamo a su Gobierno nacional y gestionar una intervención ante las autoridades argentinas para buscar una flexibilización de la medida.

Mientras tanto, en La Quiaca, provincia de Jujuy, también se anunció una protesta para este jueves, con el objetivo de exigir modificaciones a la normativa.

Crece la preocupación en el norte salteño

El conflicto vuelve a poner en discusión la importancia económica del comercio fronterizo para localidades como Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde numerosas familias dependen directa o indirectamente del intercambio de mercaderías.

Por ahora, la resolución nacional continúa siendo cuestionada judicialmente, mientras comerciantes y trabajadores esperan una respuesta que permita evitar mayores perjuicios económicos.

La presentación del amparo no implica, por sí sola, la suspensión de la normativa. Será la Justicia Federal la encargada de evaluar el planteo de las autoridades salteñas y determinar si corresponde adoptar alguna medida.

El reclamo abre así un nuevo frente de tensión entre las autoridades del norte provincial y el Gobierno de Javier Milei, en medio de la preocupación por el empleo, la actividad comercial y la estabilidad social en la frontera con Bolivia.