La Justicia investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Detectaron diferencias de precios por más de $7.800 millones en compras de medicamentos e insumos médicos.

Un nuevo capítulo se abrió en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez federal Ariel Lijo dictó un segundo procesamiento contra Diego Spagnuolo, extitular del organismo durante el gobierno de Javier Milei, y otros exfuncionarios y empresarios.

La resolución, de 553 páginas, amplía los procesamientos dictados el 9 de febrero de 2026 y alcanza las compras de prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y otros insumos médicos destinados a personas con discapacidad.

Según la investigación, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían direccionado contrataciones hacia determinadas empresas, mediante sobreprecios, información privilegiada y simulación de competencia. A cambio, funcionarios y operadores habrían recibido retornos económicos.

Más de $7.800 millones bajo investigación

Un relevamiento del Ministerio de Salud identificó diferencias de precios por $1.849 millones en insumos médicos, que se suman a los $5.984 millones detectados anteriormente en medicamentos.

De esta manera, el monto total estimado asciende a $7.833.872.357,24, aunque la Justicia aclaró que se trata de una cifra provisoria y parcial.

¿Quiénes están involucrados?

Lijo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el de otras cinco. Entre los principales señalados aparecen Spagnuolo, su exsegundo Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete, considerados presuntos jefes de la organización.

También figuran Andrés Arnaudo, Federico Santich, Ornella Calvete y empresarios vinculados con más de treinta firmas proveedoras. Además, el magistrado dictó la falta de mérito de otras 11 personas.

Los delitos investigados incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y, en determinados casos, lavado de activos agravado.

La causa, delegada en el fiscal Franco Picardi, sostiene que las maniobras no habrían sido hechos aislados, sino parte de una estructura organizada que operaba dentro y fuera de ANDIS.

Los procesamientos no constituyen condenas firmes, y la investigación continuará para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.