Organizaciones de DD.HH. y partidos de izquierda repudian la militarización de la frontera norte

Este lunes a las 10 de la mañana, en el bar Los Tribunales, partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos ofrecerán una conferencia de prensa para manifestar su rechazo al operativo militar anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz.

El plan, que comenzará este martes 6 de mayo con el arribo de tropas a Tartagal, prevé el despliegue de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura y Fuerza Aérea en zonas fronterizas de Salta, Jujuy, Formosa y Corrientes. De ese total, 1.300 efectivos permanecerán de forma permanente en puntos estratégicos, incluyendo las localidades salteñas de Tartagal y Aguaray.

Las organizaciones denunciantes advirtieron que el Decreto 1112/24 —base legal del operativo— habilita a las fuerzas armadas a realizar aprehensiones en flagrancia, una medida que consideran inconstitucional y que remite a lo ocurrido en 2001 con la militarización de Tartagal y Mosconi. En aquel entonces, denuncian, la represión dejó un saldo de cinco trabajadores piqueteros asesinados y numerosos docentes y obreros encarcelados.

En un documento conjunto, los firmantes alertaron sobre la impunidad con la que, aseguran, actúan las fuerzas bajo el mando de Bullrich. Como ejemplo mencionan los casos de Fernando Gómez en Salta e Ivo Torres en Jujuy, además de señalar que el argumento de la lucha contra el narcotráfico es una “estafa al pueblo”, dado el “entrelazamiento evidente entre narcos y sectores del Estado: policías, jueces, gendarmes e intendentes”.

También apuntaron directamente contra el gobernador Sáenz, a quien acusan de proteger a Benjamín Cruz, ex secretario de Seguridad, señalado por sus presuntos vínculos con sicarios y jefes narcos de Orán.

Finalmente, las organizaciones advirtieron que el decreto presidencial viola la Ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior, y que lo que se busca no es combatir al narcotráfico, sino profundizar el ajuste y el control social a través de la represión interna. Convocaron al conjunto del arco político y social a movilizarse y rechazar “esta avanzada represiva”.

Entre los convocantes se encuentran el Centro Comunitario Alfa, la Comisión de Familiares de Gatillo Fácil de Salta, la Asociación de DDHH Coca Gallardo, el programa radial La madre que las parió, el Plenario de Trabajadores Jubilados, el PRML, la agrupación Rebelión Popular Facundo Molares, el PTS y el Partido Obrero, entre otros.