La convocatoria a elecciones internas prevista para el próximo 2 de agosto quedó envuelta en una controversia judicial luego de que dos afiliados presentaran una impugnación contra el cronograma electoral establecido por la intervención partidaria.

El planteo fue realizado por Victoria Sajama y Facundo Camacho Ruiz ante el Juzgado Federal con competencia electoral, donde solicitaron una medida cautelar para suspender los plazos actualmente en curso y ordenar la elaboración de un nuevo calendario que garantice mayores condiciones de participación y competencia interna.

La elección había sido convocada por el interventor José Napoleón Gambetta, designado en el marco de la intervención partidaria dispuesta por la jueza federal María Servini. Sin embargo, los afiliados sostienen que el esquema aprobado concentra en poco más de un mes todas las etapas fundamentales del proceso electoral.

Según el cronograma cuestionado, el período para presentar afiliaciones vence el 3 de junio, mientras que el padrón provisorio será exhibido entre el 4 y el 8 de junio. Las observaciones podrán realizarse hasta el 10 de junio y el padrón definitivo se publicará los días 15 y 16.

Además, las listas que pretendan competir deberán presentarse entre el 18 y el 19 de junio, mientras que las candidaturas tendrán plazo hasta fines de ese mismo mes. La oficialización definitiva de las listas está prevista para el 7 de julio, con vistas a la elección programada para el 2 de agosto.

Los impulsores de la impugnación consideran que esos tiempos resultan insuficientes para garantizar una competencia real y una adecuada participación de los afiliados. En su presentación judicial calificaron el proceso como un «cronograma exprés» que dificultaría la organización de sectores internos que no cuentan con estructuras partidarias consolidadas.

Asimismo, argumentaron que los plazos breves podrían generar ventajas para aquellos espacios con mayor capacidad organizativa y recursos territoriales, limitando la igualdad de condiciones entre los distintos sectores que aspiren a participar de la contienda.

En el escrito presentado ante la Justicia Electoral, los afiliados solicitaron que se suspenda el cronograma vigente hasta tanto se analice el planteo de fondo y se establezca un esquema que contemple criterios de transparencia, publicidad, competencia y democratización interna.

Ahora será la Justicia Federal con competencia electoral la que deberá resolver si hace lugar al pedido de cautelar y determina eventuales modificaciones en el proceso electoral previsto para las próximas semanas.

La decisión podría tener impacto directo en la organización de las elecciones internas y en los tiempos políticos de una fuerza partidaria que atraviesa una etapa de reorganización bajo intervención judicial.