El Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial de Salta volvió a encender las alarmas. Según los datos actualizados, 1.890 personas figuran como deudoras alimentarias sobre un total de 1.935 inscriptos, una cifra que expone la magnitud de una problemática que afecta directamente a miles de niñas, niños y adolescentes de la provincia.

Según se desprende de los datos oficiales, el registro reúne a personas que incumplieron de manera reiterada con el pago de cuotas alimentarias establecidas por la Justicia. Las causas registradas abarcan más de dos décadas, desde 2004 hasta 2025, lo que refleja la persistencia de una situación que sigue generando preocupación en distintos ámbitos institucionales y sociales.

La secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, había advertido meses atrás sobre la magnitud del problema. En marzo señaló que la mayoría de las personas incluidas en el registro son hombres y que Salta presenta una de las tasas más elevadas de deudores alimentarios del país.

El crecimiento de la nómina de incumplidores no solo expone conflictos judiciales, sino también el impacto que estas situaciones generan en las familias. Detrás de cada expediente existen menores cuyos gastos de alimentación, educación, salud, vivienda y transporte dependen, en muchos casos, del esfuerzo casi exclusivo de uno de sus progenitores.

La problemática también abre el debate sobre la corresponsabilidad parental y la organización social de las tareas de cuidado. Especialistas en la materia sostienen que el incumplimiento de las cuotas alimentarias profundiza desigualdades económicas dentro de los hogares y afecta directamente el bienestar y desarrollo de los hijos.

En la actualidad, la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos implica una serie de restricciones administrativas y legales para quienes incumplen con sus obligaciones, además de constituir una herramienta destinada a garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Mientras los números continúan creciendo, la situación plantea nuevos desafíos para la Justicia y para las políticas públicas orientadas a asegurar que las responsabilidades parentales sean efectivamente cumplidas.