La Fiscalía de Estado presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema denunciando arbitrariedades, irregularidades y destrato institucional en perjuicio de personas con discapacidad.

La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado que conduce Juan Agustín Pérez Alsina, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La presentación, instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una medida cautelar y la convocatoria a una audiencia pública. El objetivo principal es restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez que habrían sido suspendidas de manera irregular en la provincia.

Según el escrito, en julio de 2025 se produjo la suspensión masiva de 129 pensiones, en un proceso que la Provincia calificó como “arbitrario, carente de sustento normativo y violatorio de derechos fundamentales”.

Irregularidades señaladas

La demanda detalla que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal sobre los beneficiarios afectados y sobre los procedimientos aplicados en las suspensiones. También se denunció:

• Falta de notificación previa a los beneficiarios.
• Criterios dispares en las evaluaciones médicas.
• Auditorías realizadas por personal sin habilitación profesional.
• Destrato institucional hacia organismos locales y hacia los propios beneficiarios, quienes debieron recorrer largas distancias para trámites que no se resolvían.

Reclamos centrales

La Provincia de Salta exige:

• El inmediato restablecimiento de las pensiones suspendidas.
• El pago retroactivo de los haberes adeudados.
• La implementación de un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad.

En su presentación, la Fiscalía de Estado advirtió que la suspensión de pensiones en un contexto de vulnerabilidad extrema implica desamparo por parte del Estado nacional y agrava la situación de miles de familias.

“El gobierno nacional no sólo incumple con su obligación de proteger a los grupos vulnerables, sino que además afecta derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana”, subraya el escrito.

Finalmente, el planteo sostiene que se trata de una medida fiscalista que prioriza la reducción del gasto público en detrimento de los derechos de los ciudadanos más desprotegidos.