Nuevas conversaciones privadas que forman parte de una investigación judicial pusieron nuevamente bajo la lupa una causa por maniobras con el dólar oficial conocidas como “rulito”, en la que están implicados financistas y funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el gobierno anterior.

Se trata de intercambios de mensajes entre Francisco Hauque y su ex socio, el financista Elías Piccirillo, aportados como prueba en la causa que investiga presuntas irregularidades en el acceso al dólar a precio oficial para luego ser vendido en el mercado paralelo a precios mucho más altos, una práctica que alcanzó márgenes de hasta el 200 % en el período del cepo cambiario.

En uno de los mensajes, Hauque le reprocha a Piccirillo: “Debés estar ganando una fortuna con el rulito. Por eso me boludeas tanto”, sugiriendo que su socio se había beneficiado económicamente de ese tipo de operaciones.

Los chats también vinculan a Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, con los involucrados en la causa. En una de las conversaciones, García admite que asesoraba a Hauque, aunque reconoce que no podía hacerlo porque está “prohibido”, lo que aportó más elementos a la investigación judicial.

El intercambio de mensajes y otros testimonios, incluido el de un arrepentido, llevó al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi a considerar que podría existir una maniobra ilegal en el acceso y manejo del dólar financiero. Esta sospecha motivó allanamientos a fin de año en viviendas de al menos cinco funcionarios del Banco Central, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación vinculada al caso.

Además de García, otros funcionarios del BCRA allanados en el marco de la causa son Diego Volcic (inspector jefe), Analía Jaime (inspectora general), Fabián Violante (gerente de supervisión) y María Valeria Fernández (supervisora de entidades financieras), quienes ya designaron abogados ante la causa judicial.

La investigación sigue en curso, y la Justicia continúa con el análisis de pruebas para determinar posibles responsabilidades por la presunta operación irregular con el dólar oficial, un esquema que, según fuentes judiciales, llegó a generar ganancias millonarias y podría haber contado con facilitadores internos.