La Casa Rosada busca revertir la decisión judicial que suspendió artículos clave de la reforma laboral. En paralelo, la CGT comienza a definir un cronograma de protestas sectoriales que podría desembocar en un nuevo paro general.

La tensión entre el Gobierno nacional y la CGT volvió a escalar luego de que la Justicia suspendiera la aplicación de artículos de la reforma laboral vinculados al financiamiento del Sindicato de Camioneros. La respuesta de la Casa Rosada no tardó en llegar: apeló el fallo judicial, mientras la central obrera avanza con la organización de un plan de lucha que incluirá los denominados «paros a la francesa».

La resolución fue dictada por el juez laboral Herman Mendel, quien dejó sin efecto de manera provisoria los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, además de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407. La medida beneficia al convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, y vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de las organizaciones sindicales.

Qué suspendió la Justicia

Los artículos cuestionados afectan distintos aportes contemplados en el convenio camionero, entre ellos el seguro de sepelio, subsidios para viudas, beneficios de obra social, programas de capacitación, actividades sociales y culturales, además de otras prestaciones acordadas en negociaciones paritarias.

El fallo también generó malestar en el Gobierno por otro motivo: Mendel firmó la resolución un día antes de hacer efectiva su renuncia como titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 30, dimisión que ya había sido aceptada por el Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que el magistrado queda en la mira de la administración nacional. Meses atrás también había suspendido el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, otro de los puntos impulsados por el oficialismo.

La CGT prepara los «paros a la francesa»

Mientras el Ejecutivo busca revertir la decisión en los tribunales, la CGT comenzará este martes a delinear un esquema de medidas de fuerza escalonadas.

La reunión se realizará en la sede de Azopardo y tendrá como objetivo definir protestas rotativas por sectores, inspiradas en las movilizaciones realizadas en Francia durante 2023 contra la reforma jubilatoria del gobierno de Emmanuel Macron.

La estrategia consiste en realizar paros por actividad en lugar de detener simultáneamente todo el país. Transporte, energía, recolección de residuos, educación y servicios urbanos aparecen entre los sectores que podrían protagonizar las primeras medidas durante agosto.

La central sindical apuesta así a sostener un conflicto prolongado que desemboque, más adelante, en un nuevo paro general contra el Gobierno, el quinto desde el inicio de la actual gestión.