El Gobierno afina un proyecto de reforma laboral con apoyo empresario y fuerte rechazo de la CGT. El texto preliminar introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, los regímenes especiales, la registración laboral y los procedimientos judiciales.

El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional sigue avanzando entre negociaciones internas y ajustes técnicos. Un borrador, al que accedieron distintos sectores, detalla modificaciones de gran alcance sobre la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales, el sistema de registración laboral y diversos procedimientos judiciales.

El debate formal se desarrolla en el Consejo de Mayo, aunque la CGT mantiene una participación mínima y ya anticipó un rechazo total a la iniciativa.

Exclusiones y alcance de la nueva LCT

El texto redefine el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, que dejará afuera a:

• el empleo público,
• el trabajo agrario,
• el régimen de casas particulares,
• los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial,
• y a los servicios personales de transporte y reparto mediante plataformas.

Se mantiene el principio de norma más favorable, aunque limitado únicamente a casos de dudas insuperables, y se ratifica la irrenunciabilidad de derechos. Los acuerdos conciliatorios continuarán requiriendo homologación judicial o administrativa.

Antigüedad y tercerización

La antigüedad podrá computar períodos sucesivos y lapsos previos si el reingreso ocurre dentro de los dos años.

En casos de tercerización, la responsabilidad del empleador principal será subsidiaria y no solidaria, excepto ante incumplimientos en registración, aportes o seguros.

Registración unificada y digitalización

Uno de los puntos centrales es la creación de un sistema unificado de registración laboral, administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Toda inscripción laboral deberá realizarse allí.

La falta de registración generará presunciones automáticas a favor del trabajador, y los certificados obligatorios pasarán a emitirse en una plataforma digital.

Jornada, vacaciones y flexibilidad

El proyecto incorpora un esquema de mayor flexibilidad en la organización de la jornada, siempre que no se generen perjuicios para el trabajador. Además:

• se reconoce la capacitación como derecho básico;
• el período de vacaciones se fija entre el 1 de octubre y el 30 de abril;
• se habilita el fraccionamiento en tramos mínimos de 7 días;
• y se permiten reprogramaciones por enfermedad.

Beneficios, descansos y bancos de horas

Se amplía la lista de beneficios sociales no remunerativos, que incluirán guardería, ropa de trabajo, útiles, gimnasio, sepelio y herramientas tecnológicas.

En cuanto a descansos y horarios, se permitirán bancos de horas y compensaciones internas, siempre sin superar los límites legales vigentes.

Enfermedad y despidos

El régimen de enfermedad establecerá una prestación no remunerativa del 80% del salario neto, con certificaciones médicas digitales.

La indemnización por despido será de un mes por cada año trabajado, con topes y pisos. También se suma un agravamiento por despido discriminatorio.

Servicios esenciales y actividad sindical

El proyecto redefine qué actividades se consideran servicios esenciales y cuáles son trascendentales, fijando niveles mínimos del 75% y 50% durante conflictos laborales.

Además, la matrícula profesional volverá a ser opcional, y se crea un registro federal administrado por el Ministerio de Capital Humano.

Repartidores y plataformas

El texto incluye un régimen especial para trabajadores de plataformas, basado en la independencia laboral, obligaciones fiscales propias y normas de seguridad, privacidad y responsabilidad.