Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. La acción se debe a la medida cautelar dictada por el magistrado que impidió la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maraniello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en la red social X.

El legislador agregó: “Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables. Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”.

Los denunciantes acusan a Maraniello de mal desempeño y posible comisión de delitos por haber dispuesto la medida cautelar que, según la oposición, juristas y colegios de abogados, constituye una violación de la libertad de expresión. La prohibición de difundir chats, fotos, audios y videos de Karina Milei, en cualquier medio o red social, es calificada por la Coalición Cívica como un acto de censura previa y un avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la información pública.

Además, los dirigentes opositores señalan una posible connivencia del juez con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios en su contra, lo que podría implicar una violación a la independencia judicial y a la división de poderes.

Carrió, Campagnoli y Reyes también denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), institución que, según la presentación, formaría parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial. La denuncia menciona, entre otros, auspiciantes como los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, vinculados a la producción y comercialización de lotes de fentanilo contaminado que causaron cerca de un centenar de muertes.

El escrito detalla además que el magistrado acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género, presentadas por personal de su propio juzgado.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.

Fuente: medios