Tras el rechazo de los vetos por parte del Congreso, el Ejecutivo de Javier Milei decidió promulgar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, aunque advirtió que no les asignará recursos presupuestarios para su implementación. Según explican desde la Casa Rosada, ambas normas “quedarán en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata”, siguiendo una estrategia similar a la aplicada con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La decisión busca mantener coherencia fiscal y evitar prejuicios legales que puedan complicar futuras iniciativas. “Si actuamos de otra manera, se genera un problema legal que también nos juega en contra en la posición que tomamos por Discapacidad”, señalaron fuentes oficiales. La estrategia jurídica está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, junto a un equipo de abogados que analiza los pasos formales para dilatar la implementación.

Impacto presupuestario

El financiamiento universitario representaría un gasto adicional de $1,96 billones (0,23% del PBI) este año, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, incluyendo un 32% de aumento en funcionamiento, 40% en salarios y mejoras en becas.

La Ley de Emergencia Pediátrica implicaría un costo de $133.433 millones, con $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para personal asistencial y $37.595 millones para no asistencial. Aunque su impacto fiscal es menor, el Gobierno decidió no aplicarla para no contradecir su postura sobre el financiamiento universitario.

Gestos políticos y estrategia administrativa

El Ejecutivo planea postergar la firma de promulgación hasta el límite legal de diez días hábiles tras la notificación del Congreso. Mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una inversión de $30.000 millones para obras en el Hospital Garrahan, como gesto para compensar parcialmente la no ejecución de la ley.

La suspensión se ampara en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que autorice gastos no previstos en el Presupuesto debe especificar su fuente de financiamiento. La estrategia busca evitar judicializar el conflicto, permitiendo que cualquier presentación ante la Justicia sea individual y dispersa, sin generar un fallo unificado.

El Gobierno busca ganar tiempo hasta la discusión del Presupuesto 2026, donde planea incorporar, bajo sus propios términos, las partidas actualmente en suspenso. Hasta entonces, las leyes permanecerán en un limbo administrativo, promulgadas pero sin ejecución, mientras Milei intenta cumplir su promesa de “déficit cero”.