La Dirección General de Aduanas secuestró cuatro vehículos de alta gama tras realizar cinco allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una investigación por ingreso ilegal de automóviles desde Paraguay.
Entre los rodados incautados se encuentran un Ford Mustang y un Chevrolet Camaro, que habrían ingresado al país de manera ilícita, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, los agentes decomisaron una camioneta Toyota SW4 de matrícula nacional.
El operativo concluyó con la detención de dos ciudadanos argentinos y el secuestro de $30 millones en efectivo, US$ 20 mil dólares y un arma de fuego sin documentación, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
La investigación fue instruida por la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y contó con la participación de la Policía de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva (DGI). Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo.
Según detallaron las fuentes oficiales, la maniobra consistía en el uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur. Residentes paraguayos ingresaban los autos al país bajo la excusa de realizar turismo, pero luego los dejaban en territorio argentino para que fueran utilizados por sus verdaderos propietarios.
De esta manera, los involucrados lograban eludir los controles aduaneros vigentes desde al menos 2023, manteniendo los vehículos en circulación de forma irregular dentro del país.
La investigación también reveló que los implicados llevaban un perfil elevado en redes sociales y alquilaban los autos de lujo para producciones artísticas y eventos, incluyendo trabajos con figuras como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “la China” Suárez.
Uno de los principales sospechosos alegaba ser propietario de una productora de eventos, aunque no registraba actividad económica declarada ante la ARCA. La causa es analizada bajo la figura de contrabando agravado, contemplada en el artículo 865 del Código Aduanero, delito que prevé penas de hasta 10 años de prisión.
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