El Gobierno de Javier Milei profundizó su política de ajuste fiscal al vetar en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, medida que se suma al rechazo completo de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas decisiones, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, se fundamentan en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la Casa Rosada considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
El Decreto 651/2025, firmado por el Presidente y todo el gabinete nacional, argumenta que la normativa representaba un impacto fiscal directo de $115.030 millones, principalmente por la recomposición salarial prevista. Además, sostiene que los fondos deberían haberse reasignado dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y de las reservas destinadas a contingencias sanitarias, lo que, según el Ejecutivo, hubiese derivado en la desfinanciación de otros programas esenciales.
El documento oficial también comparó el costo proyectado con un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado a políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales, o un año y medio de financiamiento de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). “Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público”, señala el texto.
Contexto político y tensión con las provincias
La decisión se conoció en medio de una coyuntura delicada para el Gobierno, tras la derrota electoral frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y mientras se reorganiza la estrategia oficialista para retomar el diálogo con las provincias.
En ese marco, la Casa Rosada aún no definió la suerte de la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), clave para los gobernadores. El anuncio se espera para última hora del viernes y mantiene en vilo a los mandatarios provinciales, que ven con preocupación el veto al Garrahan y la incertidumbre en torno a los fondos de ATN.
Como parte de la estrategia política, Guillermo Francos encabezará una nueva mesa de diálogo con los gobernadores aliados, mientras que la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior es interpretada como un gesto hacia las provincias. Sin embargo, la alianza de Provincias Unidas se muestra firme y reclama “negociaciones en serio” ante el riesgo de un nuevo veto presidencial.
Pese a las tensiones, Milei ratificó su rumbo económico a través de un mensaje en la red X: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.
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