El diputado bonaerense Francisco Adorni presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas para explicar inconsistencias detectadas en su declaración jurada. Está investigado por presunto enriquecimiento ilícito y falseamiento de datos patrimoniales.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, se presentó espontáneamente ante la Justicia para explicar las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y negó haber intentado ocultar información sobre su patrimonio.

La explicación que generó repercusión fue que “se olvidó un cero” al declarar una deuda vinculada con un crédito hipotecario del Banco Provincia para la compra de una vivienda en City Bell.

En su declaración jurada de 2024, Adorni había consignado una deuda inicial de $130 millones y una deuda de $60 millones al cierre del período. A partir de esos datos, el fiscal Guillermo Marijuán interpretó que se había producido una reducción de unos $70 millones que no encontraba una explicación suficiente.

Ante el juez federal Daniel Rafecas, el legislador sostuvo que en realidad la deuda inicial era de $13 millones, por lo que el monto de $130 millones se debió a un error de carga al agregar un cero de más.

Adorni respaldó su explicación con la declaración jurada correspondiente al inicio del período, donde efectivamente figuraba una deuda de $13 millones. Además, negó cualquier intención de falsear sus datos patrimoniales y cuestionó que la posterior corrección pueda ser considerada por sí misma como evidencia de ocultamiento.

Otras modificaciones en su patrimonio

La investigación también contempla otras modificaciones realizadas por el diputado en sus declaraciones juradas. En una rectificación correspondiente a 2025, incorporó $24,5 millones en efectivo, de los cuales afirmó que $21 millones correspondían a una herencia.

Francisco Adorni, contador de profesión, ocupó distintos cargos durante el gobierno de Javier Milei. Fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 asumió al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

El caso se desarrolla en paralelo a una investigación sobre su hermano, Manuel Adorni, quien también debió rectificar sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporar activos por alrededor de US$500.000 que no habían sido incluidos originalmente.

La Justicia deberá determinar ahora si las inconsistencias se explican por errores administrativos, como sostiene Francisco Adorni, o si existen elementos que justifiquen avanzar con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y falseamiento de declaraciones juradas.