La Cámara Federal porteña ratificó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, donde se lo investiga por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

En la resolución, los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico sostuvieron que quedó “suficientemente corroborada” la hipótesis de la fiscalía, que señala un direccionamiento delictivo en beneficio de un grupo específico de intermediarios del mercado asegurador.

Según el fallo, el mecanismo tenía como eje “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero”. La maniobra involucraba a funcionarios del directorio y de las áreas comerciales y financieras de Nación Seguros, así como a organismos estatales obligados a contratar pólizas con la compañía.

El Tribunal también confirmó los procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa y exsecretaria de Fernández, María Cantero, y de otros funcionarios investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los jueces remarcaron que la concentración de todas las pólizas del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por el expresidente, generó un exponencial aumento del volumen de negocios, un escenario “aprovechado” por los involucrados, según la resolución.

Además, la Cámara indicó que existen pruebas de que Fernández intervino personalmente para garantizar la continuidad de operaciones que beneficiaban al grupo investigado, algo reflejado en los intercambios recolectados durante la investigación y en las consecuencias que tuvieron sus decisiones.

Los camaristas subrayaron que en las maniobras hubo una “participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba”, y destacaron que Nación Seguros pasó a tener una influencia decisiva en la elección de intermediarios y en la fijación de comisiones.

La causa, una de las más sensibles que enfrenta el exmandatario, continuará ahora en el juzgado federal donde se definirá su avance hacia un eventual juicio oral.