El próximo lunes 2 de marzo comenzará en la provincia el primer juicio por jurados en el Distrito Judicial Centro, marcando un hito institucional en la historia del sistema judicial salteño.

Por primera vez, ciudadanos y ciudadanas comunes asumirán la responsabilidad de participar de manera directa en la administración de justicia, deliberando y emitiendo un veredicto en causas de extrema gravedad. La medida representa un avance significativo hacia un modelo judicial más abierto, participativo y transparente.

Un mandato constitucional hecho realidad

La incorporación del sistema de Juicio por Jurados fue establecida mediante la Ley Provincial Nº 8.478, dando cumplimiento efectivo a un mandato previsto tanto en la Constitución Nacional como en la normativa provincial.

El nuevo esquema fortalece principios fundamentales como la publicidad de los actos de gobierno, la participación ciudadana y la legitimidad democrática, al integrar a la comunidad en decisiones de alto impacto institucional.

En esta primera etapa, el sistema se aplicará a determinados delitos graves, como homicidios calificados y otros contemplados por la ley, con una implementación progresiva en los distintos distritos judiciales de la provincia.

Cómo estará conformado el jurado

El jurado estará integrado por ciudadanos seleccionados mediante sorteo público del padrón electoral. Tendrán la responsabilidad de analizar la prueba producida durante el debate oral y decidir, a través de un veredicto, sobre la culpabilidad o no culpabilidad del imputado respecto de los hechos y del delito atribuido.

El proceso será dirigido por un juez técnico, quien garantizará el cumplimiento de las reglas procesales, la correcta aplicación del derecho y el respeto pleno de las garantías constitucionales de todas las partes intervinientes.

Requisitos y participación ciudadana

El desempeño como jurado constituye una carga pública y una de las expresiones más concretas del ejercicio de la ciudadanía activa.

Podrán ser convocadas aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley: ser argentinas —con al menos dos años de ejercicio de la ciudadanía en caso de naturalización—, saber leer y escribir, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, figurar en el padrón electoral y acreditar un mínimo de un año de domicilio en el departamento correspondiente, además de no encontrarse alcanzadas por incompatibilidades legales.

Desde la Corte de Justicia de Salta y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se desarrollarán acciones de difusión y capacitación destinadas a la comunidad, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía comprenda el funcionamiento del sistema y el rol que puede llegar a desempeñar.

Con esta implementación, Salta avanza en la consolidación de un modelo de justicia más cercano a la sociedad, donde la participación ciudadana fortalece la confianza pública y reafirma el compromiso institucional con los valores republicanos.