La investigación por el Atentado a la AMIA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el fiscal federal Sebastián Basso solicitara el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses y reclamara la captura internacional de un nuevo sospechoso vinculado al régimen de Teherán.

El pedido fue presentado por el titular de la UFI-AMIA ante el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas.

La fiscalía solicitó además la imputación formal, detención internacional y declaración en rebeldía de Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario iraní que habría tenido un rol clave en la planificación del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos y más de 140 heridos.

El rol del nuevo sospechoso

Según la reconstrucción del Ministerio Público, Hejazi habría participado en la elaboración del plan criminal desde el denominado Comité Vijeh, un organismo estatal donde se habría reunido información, analizado el objetivo y diseñado la propuesta operativa para concretar el atentado contra la mutual judía en Buenos Aires.

La acusación tomó impulso luego de declaraciones realizadas en Francia por cuatro iraníes disidentes, quienes aportaron información considerada relevante por la fiscalía para profundizar la imputación contra el nuevo acusado.

Pedido de procesamiento de otros diez acusados

En paralelo, Basso solicitó el procesamiento de diez acusados iraníes y libaneses que ya cuentan con alertas rojas de Interpol desde 2006 y permanecen prófugos.

Entre ellos figuran:

• Alí Fallahian
• Alí Akbar Velayati
• Mohsen Rezai
• Ahmad Vahidi

Según la fiscalía, varios de ellos integraban el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ámbito en el que se habría aprobado la realización del atentado durante una reunión reservada celebrada en agosto de 1993.

También fueron incluidos ex diplomáticos iraníes que se desempeñaron en Buenos Aires, como Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari, a quienes la investigación atribuye haber integrado una estructura de inteligencia que recopiló información sobre el objetivo y brindó apoyo logístico.

La lista se completa con presuntos integrantes de Hezbolá, entre ellos Salman Raouf Salman, señalado como coordinador de la fase final del atentado en Argentina; su hermano Abdallah Salman, acusado de manejar fondos para financiar la operación; y Hussein Mounir Mouzannar, quien habría aportado documentación falsa para facilitar movimientos operativos.

Delitos y avance de la causa

En un dictamen de 201 páginas, el fiscal sostuvo que los acusados deben responder como autores o partícipes por delitos de homicidio calificado agravado por odio racial o religioso, lesiones de distinta gravedad, daños e integración o colaboración con una organización armada con fines discriminatorios.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la decisión, el financiamiento y la cobertura política del atentado habrían surgido desde las más altas esferas del régimen iraní, mientras que la ejecución material habría sido realizada por la estructura operativa de Hezbolá.

Además, el fiscal solicitó actualizar los embargos preventivos sobre bienes atribuidos a los acusados por una suma superior a 741 mil millones de pesos, así como utilizar canales diplomáticos y redes oficiales para notificar a los prófugos sobre las resoluciones judiciales.

El avance de estas medidas es considerado clave para encaminar el expediente hacia un juicio oral bajo la modalidad de juicio en ausencia, mecanismo incorporado por la Ley 27.784 y que actualmente se encuentra bajo revisión judicial tras cuestionamientos de la defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal.