El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una decisión que impacta de lleno en Sudamérica y reconfigura el escenario migratorio global. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, comenzará a regir el próximo 21 de enero de 2026 y se da en un año clave para la región, marcado por la realización del Mundial de Fútbol en América del Norte.

Entre los países alcanzados figuran naciones sudamericanas con fuerte vínculo migratorio con Estados Unidos, como Brasil, Colombia y Uruguay. Según los memorandos oficiales difundidos este miércoles, la suspensión afecta exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a obtener la residencia permanente. Las visas de no inmigrante —como turismo, estudios o negocios— no quedarían alcanzadas de manera directa, aunque sí se prevé un endurecimiento general de los controles.

Desde Washington explicaron que la decisión se apoya en una revisión profunda de los mecanismos de selección, bajo el criterio de evitar que los solicitantes se conviertan en una “carga pública”. En ese marco, los funcionarios consulares recibieron instrucciones para rechazar solicitudes si consideran que el aspirante podría depender de asistencia estatal una vez dentro del país. El gobierno estadounidense sostuvo que la medida busca “proteger la generosidad del pueblo estadounidense”.

El impacto en Sudamérica no pasó desapercibido. En países como Brasil y Colombia, donde existe un flujo constante de solicitudes por reunificación familiar y trabajo permanente, la suspensión deja en pausa miles de trámites y proyectos personales. En el caso de Uruguay, la decisión generó especial sorpresa debido a la histórica estabilidad en las relaciones migratorias con Estados Unidos.

Hasta el momento, no se informó un plazo estimado para la reanudación de los servicios consulares vinculados a estas visas. La falta de definiciones mantiene en incertidumbre a quienes ya tenían procesos avanzados o entrevistas programadas para fines de enero, mientras crece la preocupación por las consecuencias sociales y económicas que podría traer una medida de duración indefinida.