El faltante de chapas patente en todo el país se ha transformado en un nuevo problema para miles de ciudadanos que, pese a cumplir con todos los trámites legales, no pueden circular normalmente con sus vehículos. La demora en la provisión de las patentes afecta tanto la entrega de automóviles como la posibilidad de transitar sin riesgo de sanciones.

Frente a esta situación, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La solicitud apunta a conocer en detalle los motivos detrás del faltante, los plazos previstos para normalizar la situación, y el estado actual del proceso de licitación que derivó en la contratación de la empresa Tönnjes Sudamericana S.A. como prestadora del servicio.

“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, expresó Campagnoli en su presentación, amparada en la Ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública.

Además, la legisladora solicitó información sobre la cantidad de dominios provisorios actualmente en vigencia, los proveedores anteriores del sistema de patentes y las razones por las cuales dejaron de operar. También cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, recordando que desde el Ministerio de Justicia se había anunciado en mayo la normalización del sistema, plazo que ya se encuentra vencido.

“Ese plazo venció hace tiempo y el problema continúa. Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo”, remarcó Campagnoli.

La iniciativa de la diputada fue respaldada por otros legisladores que advirtieron que este episodio refleja una preocupante desorganización en áreas clave del funcionamiento estatal. Coinciden en que la falta de patentes no solo retrasa la entrega de vehículos, sino que también expone a los ciudadanos al riesgo de multas o sanciones por circular sin la documentación definitiva, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos”, concluyó Campagnoli.

Fuente: medios