El Gobierno promulgó la ley 27.801, que establece un Régimen Penal Juvenil y fija la responsabilidad penal desde los 14 años para adolescentes acusados de delitos. La norma, publicada en el Boletín Oficial, combina sanciones judiciales con medidas educativas y de reinserción social, promoviendo la formación y resocialización de los jóvenes, y aplicando la privación de libertad solo como último recurso.

10 claves de la nueva ley

1. Imputabilidad desde los 14 años: adolescentes entre 14 y 18 años serán responsables penalmente por delitos contemplados en el Código Penal y leyes especiales.
2. Derogación del régimen de 1980: se elimina la ley 22.278 y se crea un sistema actualizado de justicia juvenil.
3. Entrada en vigencia en 180 días: seis meses para que el sistema judicial y los organismos se adapten al nuevo régimen.
4. Enfoque en educación y reinserción social: las sanciones buscan formar al adolescente, comprender el delito y reducir el riesgo de reincidencia.
5. Sanciones alternativas: incluyen servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico y restricciones específicas.
6. Prisión como última instancia: la privación de libertad se aplicará solo excepcionalmente, en el domicilio, institutos abiertos o centros especializados.
7. Prohibición de prisión perpetua: el máximo de privación de libertad es de 15 años; queda prohibida la reclusión perpetua.
8. Mediación penal juvenil: mecanismo voluntario y confidencial para resolver conflictos mediante acuerdos entre víctima y adolescente imputado.
9. Suspensión del proceso a prueba: en delitos menores, los jueces podrán aplicar la probation si el joven cumple condiciones como reparar daños o realizar tareas comunitarias.
10. Protección de la identidad del adolescente: se refuerza la reserva del proceso penal y se prohíbe difundir datos que permitan identificar a los menores.

Además, la ley establece que los adolescentes detenidos no podrán ser alojados junto a adultos, que los centros de detención deben contar con personal capacitado, y que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán adaptar sus legislaciones al nuevo sistema. El Poder Ejecutivo nacional supervisará la implementación en coordinación con las jurisdicciones del país.

El nuevo régimen busca modernizar la justicia juvenil, equilibrando la responsabilidad legal con la protección, educación y reinserción de los adolescentes.