Candela Arizaga declaró que no fue golpeada ni privada de su libertad y atribuyó el episodio al consumo de drogas. Sin embargo, la Justicia mantuvo la imputación y le prohibió al exdiputado acercarse a menos de 300 metros.

La Justicia porteña mantuvo la imputación contra Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género, pese a que Candela Arizaga, de 23 años, aseguró que el sindicalista no la golpeó ni la mantuvo encerrada.

La joven declaró ante la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano que el episodio fue consecuencia del consumo de estupefacientes y afirmó que «alucinó», motivo por el que salió corriendo. Una médica constató una lesión en una rodilla, que habría sido provocada por una caída en la vía pública.

A pesar de ese testimonio, la fiscalía decidió mantener la acusación inicial y dispuso que Arizaga sea asistida por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), especializado en víctimas en situación de vulnerabilidad.

Tras ser indagado, Moyano recuperó la libertad, aunque continuará procesado. Entre las medidas impuestas por la Justicia figura la prohibición de acercarse a la joven a menos de 300 metros.

La causa se inició luego de un llamado al 911 realizado durante la madrugada del martes en un edificio de avenida Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. En un primer momento, un informe policial señalaba que Arizaga había denunciado una agresión, aunque luego modificó esa versión.

Durante la investigación también se allanó el departamento de Moyano. El procedimiento no arrojó resultados positivos en la búsqueda de drogas: solo se secuestraron un dispositivo USB, un Apple Watch, medicamentos y una jeringa que no presentaba restos de estupefacientes. Además, fuentes judiciales indicaron que Moyano se negó a realizarse análisis de sangre y orina.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad y registros de posibles testigos, para determinar cómo ocurrieron los hechos.