Referentes del sector de discapacidad de Salta cuestionaron las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional y advirtieron que, de avanzar, podrían generarse diferencias en el acceso a terapias, transporte y otras prestaciones según la capacidad económica de cada familia.

El proyecto de modificación del esquema de atención a las personas con discapacidad impulsado por el Gobierno de Javier Milei generó preocupación entre referentes del sector en Salta. Las principales advertencias apuntan al futuro del nomenclador de prestaciones y al esquema de financiamiento de los tratamientos.

En la provincia, Ademar Anachuri, referente de ATRADIS, y Luis González, de Padres TEA Salta, señalaron que los cambios que se discuten a nivel nacional podrían afectar la continuidad de las prestaciones y profundizar las diferencias entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes dependen exclusivamente de la cobertura del sistema.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el nomenclador de prestaciones básicas, que establece valores de referencia para servicios como terapias, apoyos, transporte y otras prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Actualmente, el Gobierno nacional mantiene un esquema de actualización del nomenclador. La última resolución publicada estableció para septiembre de 2026 un incremento del 1,70%, calculado sobre la variación del IPC del mes anterior.

Sin embargo, los referentes salteños cuestionan el rumbo que podría tomar el sistema a partir de las modificaciones presupuestarias y legislativas que se encuentran en discusión.

González sostuvo que uno de los riesgos sería que las obras sociales dejen de contar con un valor común de referencia para las prestaciones. Según explicó, esto podría generar diferencias en los montos reconocidos y trasladar parte de la responsabilidad económica a las familias.

“Quien tiene plata podrá acceder a las prestaciones y quien no la tenga va a desaparecer de las terapias, de la escuela y de la vida”, advirtió González al referirse al posible impacto de los cambios.

En la misma línea, Anachuri cuestionó la posibilidad de flexibilizar el esquema actual y señaló que, a su entender, una eventual liberación del nomenclador podría terminar generando un sistema desigual.

“Va a haber discapacitados pobres y discapacitados ricos. Una familia pudiente podrá seguir atendiéndose y quien no tenga cómo pagar se quedará en su casa”, sostuvo el referente en declaraciones a FM Pacífico.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, la Secretaría Nacional de Discapacidad sostiene que durante 2026 se vienen aplicando actualizaciones periódicas de los aranceles y que el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema. Además, funcionarios nacionales defendieron ante el Congreso las medidas adoptadas para actualizar el nomenclador y ordenar las prestaciones.

El debate, por ahora, continúa abierto. Mientras el Gobierno plantea modificaciones al sistema de discapacidad y su financiamiento, los referentes del sector reclaman que cualquier cambio preserve el acceso efectivo a las prestaciones y evite que la capacidad económica de cada familia termine determinando qué tratamiento puede recibir una persona con discapacidad.