23 de septiembre de 2025

Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero suspendió su aplicación

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N° 27.793, de Emergencia en Discapacidad, que establece una nueva pensión no contributiva, actualiza aranceles de prestaciones y contempla compensaciones económicas para prestadores. Sin embargo, el mismo decreto que la oficializa también suspende su aplicación hasta que el Congreso defina cómo financiarla.

En la práctica, la ley está escrita pero aún no será realidad para las personas con discapacidad ni para los prestadores que reclaman desde hace meses por la actualización de sus ingresos.

La norma declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Entre sus puntos más relevantes se encuentran:

  • Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
  • Acceso obligatorio al Programa Incluir Salud.
  • Actualización mensual de aranceles para prestaciones básicas.
  • Compensaciones económicas para prestadores ante la inflación.
  • Incentivos a empleadores que contraten a personas con discapacidad.

El cálculo oficial estima que su implementación demandaría más de 3 billones de pesos, alrededor del 0,35 % del PBI. Sin esos fondos disponibles, el Decreto 681/2025 dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso disponga las partidas necesarias en el presupuesto nacional.

El texto del decreto advierte que, aun destinando todos los recursos actuales del Estado, no alcanzaría para cubrir la ley sin afectar áreas esenciales como seguridad, justicia o alimentación en cárceles.

Mientras tanto, el Ejecutivo dispuso un ajuste parcial del presupuesto a través de la Decisión Administrativa 24/2025: se incrementaron fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se reasignaron partidas del Tesoro, con el único objetivo de cubrir urgencias inmediatas de actualización a prestadores.

La situación deja a miles de familias y organizaciones en un limbo: la ley existe, pero no tiene plata. Y, como suele ocurrir en la Argentina, lo urgente vuelve a quedar postergado en nombre de lo imposible.

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