El próximo martes 6 de enero, el Gobierno nacional pondrá en marcha un plan piloto destinado a reconvertir los planes sociales en programas de capacitación laboral, marcando el rumbo que el Ministerio de Capital Humano busca consolidar a lo largo de 2026. La iniciativa comenzará con un alcance limitado y funcionará como prueba inicial para un rediseño más amplio del sistema de asistencia social.

El foco estará puesto en el programa Volver al Trabajo (VAT), que actualmente alcanza a más de 900 mil beneficiarios y otorga un haber mensual de $78 mil, congelado desde 2023. La propuesta oficial apunta a que este esquema migre progresivamente hacia un sistema de vouchers educativos, reemplazando las transferencias directas de dinero por cursos de formación profesional.

En esta primera etapa, 20 beneficiarios seleccionados participarán de un curso de pintura de obra, que constará de dos módulos de ocho clases cada uno, a lo largo de dos meses, y permitirá obtener un título habilitante. Durante el período de prueba, los participantes seguirán cobrando el beneficio, aunque desde el Gobierno admiten que la “voucherización” del programa es un paso que se considera inminente.

Los cursos tendrán un alto nivel de exigencia, con contenidos teóricos y prácticos, provisión de materiales y una asistencia mínima del 70%. La capacitación estará a cargo de la empresa Sinteplast, una de las primeras en sumarse a la iniciativa, que además donará insumos cuyo valor supera ampliamente el monto de los cupones previstos.

En el Ministerio de Capital Humano reconocen que el objetivo es escalar el programa a municipios y provincias si la experiencia resulta exitosa, aunque admiten que casi la mitad de los beneficiarios del VAT reside en el conurbano bonaerense. Desde la empresa capacitadora, incluso, evalúan incorporar a algunos egresados o replicar la experiencia en provincias como San Luis y Córdoba.

La iniciativa generó reacciones contrapuestas. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) advirtieron que el cambio podría desalentar el empleo, mientras que sectores del peronismo sostienen que no se trata de un recorte, sino de un redireccionamiento de la asistencia. El Gobierno, en tanto, defiende su estrategia y asegura que los recursos se están concentrando en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que según datos oficiales cubren hoy el 94% de la canasta básica alimentaria.

En paralelo, la Casa Rosada analiza un paso aún más ambicioso: la unificación de todas las asignaciones —AUH, Asignación por Embarazo, Plan 1000 Días y Tarjeta Alimentar— en una AUH Familiar. Para avanzar en ese sentido serán necesarios cambios legislativos, pero el objetivo es centralizar la información, optimizar recursos y reducir superposiciones.

Como complemento, el Gobierno ultima los detalles del Sistema Integrado de Información Social, una base de datos que permitirá conocer con precisión cuántas prestaciones recibe cada hogar, en línea con la política de reorganización del esquema de asistencia social.