El Gobierno nacional anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal que presta servicios de agua potable y saneamiento a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, la estrategia oficial contempla la venta total de las acciones del Estado Nacional en la compañía, a través de un mecanismo mixto que incluirá licitación pública nacional e internacional y una oferta pública inicial para abrir el capital a inversores privados.
Etapas de la venta
Actualmente, el Estado posee el 90% del capital accionario de AySA, mientras que el 10% restante pertenece a sus empleados. En una primera etapa, se venderá al menos el 51% de las acciones para ceder el control de la firma al sector privado. La infraestructura seguirá siendo propiedad estatal y se establecerá un marco regulatorio fuerte para garantizar la calidad del servicio.
El cronograma prevé que la licitación concluya en un plazo de 330 días, y luego, en otros 90 días, se avanzará con la oferta pública para que empleados, ciudadanos e inversores puedan adquirir participación en la empresa. El proceso estará regulado por la Comisión Nacional de Valores y se espera que la adjudicación final se concrete en 2026.
Tarifas, cortes de servicio y financiamiento
Uno de los puntos más sensibles será el ajuste de tarifas, que quedará establecido en el contrato con el concesionario. El esquema oficial prevé actualizaciones trimestrales, en base a variables aún no detalladas. En 2024, bajo la gestión de Javier Milei, AySA aplicó una suba acumulada del 209% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Otro aspecto polémico será la habilitación para cortar el servicio a usuarios morosos. Aunque el agua es considerada un servicio esencial, la Ley 26.221 permite suspensiones en ciertos casos. La nueva concesión dejaría explícita esa posibilidad.
Además, el plan contempla que los futuros concesionarios se encarguen del financiamiento de las obras de infraestructura, trasladando esos costos a los usuarios a través de las boletas. También se prevé la posibilidad de que provincias, municipios o vecinos puedan encargarse directamente de ciertas mejoras.
Reestructuración interna y argumentos oficiales
Desde la asunción del nuevo gobierno, AySA comenzó un proceso de achicamiento de personal, con el despido de 200 empleados. Actualmente cuenta con 6.200 trabajadores, y desde el Ejecutivo aclararon que no impondrán condiciones al sector privado respecto a la continuidad del personal.
Adorni justificó la decisión al afirmar que AySA demandó aportes por más de 13.400 millones de dólares del Tesoro Nacional desde su reestatización en 2006 hasta 2023. «La privatización permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante que podemos dar», sentenció el vocero.
Fuente: ámbito