Se conformó un comité de emergencia en el ámbito del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.
El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable creó un comité de crisis con personal idóneo para dar continuidad y profundizar las tareas de fiscalización de la situación del pozo LO.x-10, ubicado en Puesto Guardián en la localidad de Pichanal. Como parte de su cronograma de control, se realizan inspecciones en la locación de pozo y alrededores. Además, se dispuso presencia policial permanente, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y evitar ingresos de personas no autorizadas al sitio.
Durante la jornada de hoy, se realizó la inspección en el lugar, integrada por personal técnico de la Secretaría de Minería y Energía, de Recursos Hídricos y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La conformación de dicha comisión responde a lo dispuesto por el mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Orán, que motivó la creación de un comité de emergencia por parte del Ministerio.
Resulta importante destacar que tanto los organismos judiciales como los técnicos y las noticias de público conocimiento dan cuenta del ingreso de personas no autorizadas al sitio. Frente a esta reiteración de situaciones de riesgo, y en cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas durante el día de hoy, se solicitó con carácter urgente que se arbitren los medios necesarios para impedir el acceso de personas no autorizadas al lugar, en virtud del estado técnico-ambiental del pozo y de sus alrededores.
La tranquera de acceso a la locación de Puesto El Guardián está a 7 kilometros del pozo. Si se respetan las medidas de seguridad, no hay riesgo alguno para los lugartenientes.
Antecedentes del caso
En el marco de los controles periódicos que realiza la Dirección General de Energía e Hidrocarburos se informó la detección de una pérdida potencial en el pozo Lomas de Olmedo x-10, de la empresa President Petroleum S.A. (PP SA), operadora del área Puesto Guardián, el día 22 de agosto de 2023. A raíz de esta situación, personal técnico de la Dirección constató una fuga de gas desde la armadura del pozo y la surgencia de líquidos en las inmediaciones de la locación.
Ante lo observado, se requirió a la operadora la presentación de un plan integral de abandono definitivo del pozo, incluyendo cronograma de ejecución, estudios técnicos, esquema de cierre final y equipamiento a utilizar. Asimismo, se solicitaron diversas acciones y documentación de carácter ambiental, entre ellas, estudios de caracterización geofísica, diagnóstico ambiental del sitio afectado, análisis de muestras de gases, agua y suelos, así como un relevamiento de aguas subterráneas.
Se estableció la obligatoriedad de presentaciones de informes por parte de la empresa, en las que se indique el estado del pozo, novedades operativas y mediciones periódicas de presión y composición de gases, entre otros.
A pesar de las medidas adoptadas, y ante reiterados incumplimientos en las presentaciones ambientales requeridas, la Secretaría de Minería y Energía emitió la Resolución N.º 114/2024, mediante la cual ordena el abandono obligatorio del pozo LO.x-10 y la finalización de los estudios ambientales correspondientes. Paralelamente, tramita una denuncia por contaminación ambiental ante la Fiscalía Penal de Pichanal.

La Fiscalía se encuentra interviniendo ante denuncias y requirió al Gobierno información del área hidrocarburífera. A su vez, solicitó al Juez de Garantías medidas urgentes.
La última inspección realizada por la Secretaría de Minería y Energía el 22 de mayo de 2025 constató la persistencia de la surgencia de gases y líquidos, tanto desde la boca del pozo como desde un cráter ubicado al noroeste de la bodega. Por esto, se ordenaron nuevas medidas de contención de los fluidos, análisis físico-químicos detallados y la adopción de acciones inmediatas para prevenir riesgos a la salud, la seguridad de las personas y el ambiente. Se instruyó además reforzar la restricción del acceso al área, considerando la posible dispersión de los gases emitidos.
En virtud de ello, el magistrado ordenó la adopción de distintas acciones tanto a la empresa como al Gobierno, quien en plazos establecidos, remitió la información y documentación solicitada, incluida la relativa a la titularidad de la concesión, controles efectuados y medidas técnicas adoptadas. En simultáneo, el Ministro Martín de los Ríos, creó un comité de crisis para que actúe de manera inmediata.
Del mismo modo, el Gobierno de la Provincia presentó ante la justicia, a través de la Fiscalía del Estado, una acción de reparación ambiental.
La locación se encuentra cercada y con acceso restringido, por lo que resulta necesario se respeten dichas medidas ante la criticidad del caso.
Las autoridades provinciales continúan adoptando todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la seguridad de los pobladores y prevenir mayores impactos ambientales, todo ello en el marco de sus competencias.
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