Tras más de tres décadas de regulación, el Gobierno nacional derogó el decreto que obligaba a los institutos privados a solicitar autorización previa para modificar sus matrículas y cuotas. Desde ahora, los colegios podrán fijar libremente los aranceles según sus costos y condiciones de mercado.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que deja sin efecto el histórico Decreto 2417/1993, vigente desde hace más de 30 años. La medida implica el fin del sistema de supervisión de precios que regía para los establecimientos educativos de gestión privada en todo el país.

De acuerdo con los fundamentos oficiales, el esquema anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”. El Gobierno argumentó que dicho régimen respondía a una etapa en la que la educación dependía del ámbito nacional y que, con la descentralización hacia las provincias, era necesario “revisar el marco normativo” para generar un entorno más flexible y competitivo.

El decreto también sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan la viabilidad económica del sector”. Según el texto, la obligación de solicitar autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, lo que los obliga a prever incrementos anticipados para cubrirse ante posibles rechazos del Estado.

Además, el Ejecutivo remarcó que los colegios privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad y la libre contratación. Según esta visión, los controles excesivos terminan “afectando la calidad educativa” al impedir que las instituciones reaccionen con agilidad ante el aumento de costos y sueldos docentes.

Finalmente, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento del sistema privado. El objetivo será avanzar hacia un nuevo esquema que garantice la libertad de precios y salarios dentro de un marco de competencia leal.