La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, presentó este viernes el Programa Provincial de Prevención de Violencia en las Escuelas, una estrategia integral destinada a abordar los episodios de violencia en el ámbito educativo, con orígenes sociales pero impacto directo en las comunidades escolares.

El programa incluye la creación de la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE), un Observatorio de medición y análisis, la duplicación del personal asignado a esta tarea y una inversión superior a los $4.100 millones.

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Una respuesta inmediata ante los hechos

La UPACE tendrá como misión brindar asistencia inmediata tras la ocurrencia de un hecho violento, actuando como el primer eslabón para activar, si es necesario, los protocolos del Programa de Orientación Escolar.

“El camino que hemos elegido es trabajar para que esos episodios se minimicen. Con una inversión superior a los 4.100 millones de pesos y 500 profesionales en campo, damos inicio a una nueva etapa de abordaje de la problemática”, destacó la ministra Fiore.

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Observatorio y articulación con la comunidad

El Observatorio de Violencia Escolar permitirá medir, evaluar y analizar los datos sobre los incidentes en las escuelas, contribuyendo a diseñar políticas más efectivas. Además, la estrategia contempla la redistribución de recursos humanos para duplicar la capacidad operativa del Ministerio.

El subsecretario de Políticas Socioeducativas, Alejandro Williams Becker, señaló que uno de los ejes fundamentales es la corresponsabilidad entre la familia y la escuela, buscando restablecer vínculos y prevenir riesgos dentro de las comunidades educativas.

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Un programa integral y progresivo

Los nuevos mecanismos se implementarán de manera progresiva y centralizan la acción en torno a la prevención y respuesta inmediata, asegurando que cada escuela cuente con el apoyo profesional necesario para garantizar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.

Con esta iniciativa, la provincia busca fortalecer la convivencia escolar, proteger a los estudiantes y consolidar políticas educativas más inclusivas y responsables.