La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que habilita a la Provincia a emitir deuda para afrontar los últimos vencimientos del crédito tomado durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. El endeudamiento ya había sido reestructurado durante el gobierno de Gustavo Sáenz y volvió a ser atendido con financiamiento en 2024. En paralelo, reaparecieron los cuestionamientos por obras que quedaron inconclusas.

A diez años de la emisión del Plan del Bicentenario, Salta vuelve a recurrir al mercado de deuda para hacer frente a los compromisos que todavía arrastra aquel crédito. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que autoriza la emisión de un nuevo título público por hasta US$150 millones.

El objetivo declarado es específico: utilizar esos fondos para cancelar capital e intereses correspondientes a la deuda contraída en 2016 durante la gestión de Juan Manuel Urtubey.

En aquel momento, la Provincia había sido autorizada a tomar deuda por hasta US$350 millones, destinada principalmente al financiamiento de obras públicas y adquisición de bienes. Una década después, parte de ese compromiso continúa pesando sobre las cuentas provinciales.

Los vencimientos que quedan por delante son significativos. Según el esquema planteado, Salta debería afrontar aproximadamente US$50 millones en diciembre de este año, US$48 millones en junio de 2027 y otros US$46 millones hacia finales de 2027.

Una deuda que ya fue reestructurada

La nueva autorización no representa el primer intento de la Provincia por postergar o reordenar los vencimientos del Bono Bicentenario.

En 2020, durante la gestión de Gustavo Sáenz, la Legislatura autorizó la reestructuración del título. La operación se concretó en 2021 y permitió trasladar hasta 2027 vencimientos que originalmente estaban concentrados entre 2022 y 2024, además de obtener una reducción en la tasa de interés.

Sin embargo, el problema financiero no desapareció.

En abril de 2024, el Gobierno provincial volvió a recurrir al financiamiento. La Ley 8.422 autorizó un préstamo de hasta $40.000 millones con Banco Macro, destinado principalmente a cubrir el vencimiento de capital del Bono Bicentenario correspondiente a junio de ese año.

Ahora, dos años después, el Gobierno vuelve a plantear una operación para afrontar los compromisos pendientes.

La otra discusión: ¿qué pasó con las obras?

Pero el debate no quedó limitado a números, vencimientos y tasas de interés.

La discusión sobre el Bono Bicentenario también volvió a poner bajo la lupa el destino de los fondos y el estado de algunas de las obras que originalmente justificaron el endeudamiento.

Los cuestionamientos cobraron fuerza a partir de la auditoría realizada sobre el Fondo de Reparación Histórica, donde surgieron observaciones sobre obras que no llegaron a concretarse o quedaron inconclusas.

En ese contexto, también reaparecieron señalamientos sobre proyectos que habrían pasado de un esquema de financiamiento a otro. Algunas obras que no se ejecutaron dentro del Fondo de Reparación Histórica fueron posteriormente incorporadas al Plan Bicentenario, con nuevos recursos destinados a su realización.

El problema es que, según los cuestionamientos planteados, en determinados casos tampoco llegaron a finalizarse.

La situación adquiere especial relevancia en proyectos vinculados con agua y saneamiento en el norte provincial, donde las necesidades de infraestructura continúan siendo una demanda histórica de distintas localidades.

Oficialismo y oposición, enfrentados

Desde el oficialismo defienden la nueva operación bajo el argumento de que permitirá evitar una fuerte concentración de vencimientos durante 2026 y 2027 y, de esa manera, preservar recursos provinciales para sostener servicios, asistencia y obra pública.

La oposición plantea otra mirada.

Entre los cuestionamientos aparece la necesidad de conocer con precisión qué tasa tendrá la nueva deuda, cuál será el plazo de devolución y cuánto terminará pagando la Provincia en total.

El diputado José Gauffin había planteado que una nueva refinanciación solamente debería avanzar si las condiciones obtenidas resultan más convenientes que las actuales. También cuestionó que se continúe trasladando la deuda hacia adelante mientras todavía existen interrogantes sobre la ejecución de algunas de las obras que dieron origen al endeudamiento.

El proyecto ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado, donde se definirá si la Provincia obtiene finalmente la autorización para avanzar con la nueva emisión.

Así, el llamado Bono Bicentenario vuelve al centro de la escena. La deuda original fue tomada en 2016, reestructurada durante el primer tramo de la gestión Sáenz, atendida nuevamente mediante financiamiento en 2024 y ahora podría volver a refinanciarse.

Una década después, la discusión ya no es solamente cuánto debe Salta, sino también qué obras se hicieron, cuáles quedaron pendientes y cuánto terminará costando a los salteños una deuda que, una y otra vez, vuelve a trasladarse hacia el futuro.