El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y dejó firme el monto actualizado del decomiso, que pasó de $84.835 millones a $684.990 millones tras su ajuste por inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el decomiso de $684.990.350.139,86 que deberán afrontar de manera solidaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los demás condenados en la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas, dejando firme la resolución dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Rechazaron los planteos de las defensas

La defensa de Cristina Kirchner había cuestionado la actualización del monto del decomiso mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), argumentando que el cálculo no correspondía. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez sostuvo que el decomiso debía tramitar ante otro tribunal.

Sin embargo, ambos planteos fueron desestimados por la Corte Suprema, que ratificó la validez del procedimiento aplicado durante la ejecución de la sentencia.

Cómo se actualizó el monto

El decomiso originalmente había sido fijado en $84.835 millones cuando se dictó la sentencia condenatoria en diciembre de 2022.

Posteriormente, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público Fiscal, realizó la actualización tomando como referencia la evolución del IPC elaborado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

Como resultado de esa actualización, el monto ascendió a $684.990.350.139,86, cifra que quedó definitivamente firme tras la resolución del máximo tribunal.

El recorrido judicial de la causa

La causa Vialidad tuvo su sentencia en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. Finalmente, en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos contra las condenas, dejándolas firmes y habilitando su ejecución, incluida la detención de los condenados y el avance sobre las medidas patrimoniales previstas en la sentencia.

Con esta nueva resolución, el máximo tribunal también dejó firme el decomiso actualizado de casi $685.000 millones, que deberá ser afrontado solidariamente por todos los condenados en la causa.