El Tribunal Oral Federal 2 habilitó el recurso de apelación de la defensa para que el máximo tribunal penal revise la ejecución de 19 bienes heredados por los hijos de la expresidenta. El embargo total busca cubrir un perjuicio al Estado de $684.000 millones.

La disputa judicial por el patrimonio de la familia Kirchner entró en una etapa definitoria este 15 de diciembre de 2025. La Cámara Federal de Casación Penal deberá decidir si confirma el decomiso de 19 propiedades que actualmente figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, pero que la justicia vincula con la condena por administración fraudulenta contra Cristina Fernández de Kirchner. 

Argumentos de la defensa y del tribunal

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, aceptó que una instancia superior revise la legalidad de avanzar sobre estos activos [user query]. Los puntos clave del conflicto son:

• Terceros no involucrados: Las defensas de los hermanos Kirchner alegan que el decomiso afecta a personas que no fueron imputadas ni juzgadas en la causa, vulnerando su derecho a la propiedad y el principio de inocencia [user query].
• Origen de los bienes: Sostienen que se trata de bienes de origen lícito recibidos mediante cesiones y sucesiones regularmente acreditadas, por lo que su ejecución sería «arbitraria» [user query].
• Monto de la ejecución: La Justicia busca cubrir un daño económico actualizado a $684.000 millones, monto que ya se encuentra en etapa de ejecución firme contra los condenados. 

Instancia decisiva en Casación

El expediente fue elevado a la Sala IV de la Cámara de Casación, presidida por Mariano Borinsky e integrada por Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Este tribunal deberá determinar si el modelo de «decomiso por valor equivalente» puede proyectarse sobre bienes que ya no pertenecen a la condenada principal [user query]. 

En caso de un fallo adverso en esta instancia, los abogados Carlos Beraldi y Luis Goldin ya anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales de derechos humanos [user query]. Por el momento, los inmuebles, situados mayoritariamente en Río Gallegos y El Calafate, permanecerán inscriptos de forma preventiva en el registro de bienes secuestrados hasta que exista una sentencia definitiva