El exasesor de Javier Milei fue detenido en Bolivia y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ante la Justicia, aseguró que sus ingresos provienen de empresas y trabajos de consultoría política en distintos países.
El exasesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, declaró ante la Justicia boliviana que durante 2025 y 2026 llegó a obtener ingresos cercanos a US$1 millón mensuales, principalmente a través de empresas y trabajos de consultoría política realizados fuera de Bolivia. Además, enfrenta una acusación por intento de femicidio y permanece detenido en el penal de Palmasola.
Durante su declaración ante el fiscal de La Paz, Miguel Cardozo Ramírez, y un investigador policial, Cerimedo explicó que trabaja como consultor político y que asesora a dirigentes de distintos países. También señaló que posee empresas en Argentina y Estados Unidos, entre ellas Numen Group Inc., creada en 2021, además de una firma de publicidad en Argentina con 35 empleados y dos sucursales.
El consultor aseguró que también controla una academia dedicada a cursos de tecnología, una productora audiovisual y otras sociedades. Según declaró, posee cuentas bancarias en Argentina y Estados Unidos, pero no en Bolivia, y negó tener propiedades, inversiones o activos registrados a nombre de terceros.
La investigación se inició a partir de una acusación de la Fiscalía boliviana por un supuesto incremento patrimonial desproporcionado y sin justificación durante 2025 y 2026. El caso tomó mayor relevancia después de un allanamiento realizado el 20 de agosto, donde fueron secuestrados documentación, un arma de fuego, el título de propiedad de una vivienda y un automóvil.
Según consta en el expediente, durante ese operativo el representante legal de una casa de cambios de La Paz denominada “Exchange” se retiró del lugar luego de sacar aproximadamente US$700.000 de las cajas fuertes. La Fiscalía sostiene que, a través de esa entidad, Cerimedo habría recibido sumas de dinero en dólares.
Cerimedo reconoció además que trabajó como consultor político de Rodrigo Paz, actual presidente de Bolivia, y que participó en su campaña electoral durante 2025. Sin embargo, afirmó no recordar quién lo contactó inicialmente con el mandatario y sostuvo que no existió un contrato escrito por sus servicios de campaña.
Los investigadores le formularon un cuestionario de 219 preguntas sobre su posible influencia dentro del Gobierno, incluyendo su acceso al presidente, reuniones con ministros, elaboración de discursos, decisiones oficiales y manejo de redes sociales. Cerimedo se negó a responder más de 150 de esas preguntas al considerar que no tenían relación con la causa por lavado de activos.
Al finalizar su declaración, el exasesor de Milei aseguró que su detención forma parte de un “intento de golpe de Estado” para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz. Cerimedo sostuvo que se vulneraron sus derechos y anticipó que podría iniciar acciones legales en Bolivia y ante tribunales internacionales, mientras la Justicia continúa investigando el origen de su patrimonio y sus actividades financieras.
Fuente: LaNación
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