La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, y dejó firme el avance del decomiso patrimonial dispuesto en la causa Vialidad, una de las investigaciones por corrupción más relevantes de los últimos años en Argentina.

La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron la ejecución sobre 111 bienes muebles e inmuebles vinculados al expediente judicial.

El objetivo del decomiso es recuperar parte de los 685.000 millones de pesos que la Justicia considera producto de la maniobra fraudulenta vinculada a la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Con esta resolución, el máximo tribunal penal federal dejó firme la ejecución patrimonial ordenada previamente por el Tribunal Oral Federal 2, encargado de hacer cumplir las condenas dictadas en la causa Vialidad.

La mayor parte de los bienes alcanzados pertenecen a Lázaro Báez, aunque también quedaron incluidos inmuebles vinculados a Cristina Kirchner y a sus hijos. Según el expediente, el listado abarca 84 propiedades de Báez, un inmueble a nombre de la ex presidenta y otros 19 registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Entre los bienes señalados figuran departamentos en Río Gallegos, terrenos en El Calafate y propiedades vinculadas al complejo Los Sauces. También se incluyeron activos pertenecientes a empresas utilizadas en la maniobra investigada, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

En el fallo, los jueces Hornos y Barroetaveña sostuvieron que las defensas no lograron demostrar la existencia de una cuestión federal suficiente que justificara la intervención de la Corte Suprema. Además, remarcaron que los planteos presentados expresaban principalmente desacuerdos con decisiones ya resueltas por instancias anteriores.

“El delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo Hornos al fundamentar la necesidad del decomiso en causas de corrupción.

El juez Mariano Borinsky coincidió en rechazar el recurso presentado por Cristina Kirchner, aunque planteó diferencias parciales respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y determinadas sociedades relacionadas con Báez.

A pesar de este nuevo revés judicial, la defensa de la familia Kirchner todavía podrá recurrir en queja ante la Corte Suprema. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que ese trámite no suspende la ejecución de los bienes ya ordenada por la Justicia.

La resolución representa un nuevo capítulo en la causa Vialidad, donde la Justicia determinó que existió un esquema de direccionamiento de la obra pública en favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas, generando beneficios económicos considerados ilegítimos por los tribunales federales.