El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas centrales de la gestión de Javier Milei destinada a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes. Con la publicación del decreto reglamentario, quedó formalmente en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que apunta a incentivar la declaración de activos no registrados y a reducir los controles patrimoniales.

La normativa introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario y en el Código Civil y Comercial, estableciendo un esquema en el que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentrará su fiscalización exclusivamente en los ingresos facturados, dejando de lado el seguimiento de variaciones patrimoniales y consumos personales para quienes adhieran al sistema.

Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias, destinado a contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones. Quienes se incorporen quedarán protegidos de investigaciones fiscales sobre el crecimiento de sus bienes o el nivel de gastos, siempre que cumplan con la facturación declarada.

En este nuevo esquema, ARCA solo podrá liquidar el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados. El incremento del patrimonio o los consumos no podrán ser utilizados como presunción de evasión ni dar lugar a fiscalizaciones. Además, el pago en término de la declaración propuesta por el organismo tendrá efecto liberatorio, impidiendo reclamos posteriores salvo que se compruebe la omisión de ingresos declarados.

La ley también actualiza de manera significativa los montos a partir de los cuales un incumplimiento pasa a ser considerado delito penal. El piso para la evasión simple se eleva de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada pasa de $15.000.000 a $1.000.000.000. En paralelo, el plazo de prescripción de los delitos tributarios se reduce de cinco a tres años.

En cuanto a la regularización de deudas, la reglamentación prevé mecanismos para extinguir la acción penal. ARCA no iniciará causas judiciales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses en un único pago, beneficio que podrá utilizarse una sola vez. En los casos donde aún no se haya formalizado una denuncia, también se podrá cerrar el proceso abonando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días posteriores a la notificación.

Como contrapartida al relajamiento de los controles patrimoniales, la normativa establece un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones fuera de término, con multas más elevadas que las vigentes hasta ahora.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos y fomentar el blanqueo de capitales, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a fortalecer las reservas, impulsar la inversión privada y garantizar previsibilidad fiscal, asegurando que el origen de los fondos no será objeto de persecución para quienes adhieran al nuevo régimen.