El Gobierno nacional presentó este lunes en el Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que busca modificar de manera estructural el sistema punitivo argentino. Según explicaron la ex ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la propuesta apunta a “dar vuelta una realidad donde los favorecidos eran los delincuentes”. Desde el Ejecutivo aseguraron que el 82% de los delitos tendrá cumplimiento efectivo.

El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo y anunciado en Casa Rosada, introduce cambios sustanciales en materia de penas, acumulación de condenas, ejecución y participación de las víctimas. También actualiza mecanismos para combatir el crimen organizado, atendiendo especialmente a situaciones críticas como las que se registran en Rosario.

Crimen organizado y violencia urbana: “Todo importa”

Bullrich criticó lo que consideró una visión que “minimizaba” delitos como robos a transeúntes, motochorros o amenazas con armas que no terminaban en disparos.
“Todo importa. Salir con un arma tiene un objetivo y ese daño también debe ser penado”, afirmó. En esa línea, la iniciativa endurece las penas para delitos contra la propiedad cuando exista violencia, uso de armas o actuación en grupo.

La reforma también incorpora ajustes en narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil y secuestros extorsivos, catalogados entre los delitos más graves.

Imprescriptibilidad y cambios en la legítima defensa

Entre los puntos centrales figura la imprescriptibilidad de delitos como homicidio agravado, abuso sexual en todas sus modalidades, trata, secuestro extorsivo, terrorismo, financiamiento del terrorismo, corrupción de menores y atentados contra el orden constitucional.

Bullrich sostuvo que muchas víctimas —especialmente de abuso sexual infantil— tardan décadas en poder denunciar.
“Si hablan 30 años después, el Estado debe escucharlas”, afirmó.

Respecto a la legítima defensa, el proyecto establece una presunción a favor de quien se defiende, priorizando la situación de la víctima tanto ante un arma real como de utilería.

Accidentes de tránsito: nuevas penas para la conducción imprudente

La iniciativa incorpora la figura de conducción imprudente, reclamada por organizaciones como Madres del Dolor. Las penas pasarán de 1 a 3 años a 2 a 6 años, y 3 a 6 en casos agravados, con foco en conductores que realizan maniobras riesgosas, usan el celular o actúan con negligencia.

Corrupción: castigos más severos para funcionarios

La ministra enfatizó que los delitos de corrupción pública tendrán penas “graves y gravísimas”.
“Si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, afirmó.

Además, agregó que los funcionarios “tienen que actuar como aquel que se compromete en defender al ciudadano cuando jura por Dios, por la Patria, por los Santos Evangelios y dice que va a hacer cumplir la Constitución y todas sus leyes”.
En ese sentido, advirtió: “Si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Bullrich definió esta línea como la premisa central que atraviesa todo el proyecto: “El que las hace, las paga”.

Un Código Penal único y de aplicación nacional

Otro eje clave es la unificación de criterios: el proyecto establece que las provincias no podrán modificar la ejecución de una condena ni la concesión de beneficios alegando diferencias en sus códigos procesales. La intención es crear un estándar penal homogéneo en todo el país, reducir interpretaciones divergentes y garantizar que las penas se cumplan efectivamente.

Desde Casa Rosada consideran que la discusión legislativa será uno de los debates centrales del año parlamentario. Para el Gobierno, esta reforma representa una oportunidad para fijar un rumbo a largo plazo en materia criminal.
Ahora será el Congreso el que deberá definir si acompaña una transformación que promete impactar de lleno en el funcionamiento del sistema penal argentino.