La investigación federal que desmantela una presunta organización dedicada a la trata de niñas y adolescentes en colegios de Salta continúa avanzando, con la identificación de al menos 33 víctimas y la expectativa de llevar el caso a juicio durante el año 2026.

El fiscal general federal de Salta, Eduardo Villalba, confirmó que la causa, que surgió tras la denuncia de una madre que detectó movimientos inusuales de dinero en la cuenta de su hija, pasó a la Justicia federal por los indicios de captación, traslado y explotación sexual.

Se encuentran imputadas ocho personas, entre ellas un remisero, un militar y un empresario, acusadas de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita y otros delitos conexos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó recientemente las prisiones preventivas de siete de los ocho imputados.

Según los avances de la investigación, la red operaba captando a alumnas de entre 12 y 18 años en establecimientos educativos de Salta capital, trasladándolas en vehículos hasta domicilios o alojamientos donde se llevaban a cabo los encuentros. Las víctimas eran inducidas con promesas económicas, luego sometidas por amenazas, registro audiovisual o consumo de sustancias.

El número de víctimas identificadas continúa en aumento: de un inicio en que se hablaba de 11 vítimas asistidas, ahora se suman cerca de 30 y la cifra podría aumentar. Según la resolución judicial, la causa es de “una gravedad inusitada” y se compara con otros casos internacionales por su complejidad y el entorno educativo en que operaba.

Las autoridades confirmaron que en los próximos meses están previstas nuevas medidas de investigación, entre ellas peritajes informáticos, recolección de testimonios en Cámara Gesell y ampliación de imputados. El objetivo es que la causa pueda ser elevada a juicio en el año 2026.

Las entidades involucradas refuerzan que cualquier persona que tenga información vinculada al caso puede acudir a la Fiscalía federal o a la línea de atención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para colaborar en la investigación.